El gobierno de José Jerí enfrenta una creciente polémica tras la contratación de jóvenes cercanas al presidente luego de visitas a Palacio de Gobierno. La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo publicó y luego retiró un comunicado en el que advertía posibles acciones legales. El ministro de Justicia, Walter Martínez, abordó la situación y ratificó que el último comunicado oficial es el único válido.
En entrevista con El Comercio descartó de manera tajante la posibilidad de una denuncia contra periodistas. Sin embargo, consultado sobre la doble versión, no supo dar una explicación. “Desde el Gobierno somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión”, afirmó.
Ante la insistencia sobre la publicación de dos comunicados con mensajes opuestos, insistió: “Aplaudimos el trabajo que realiza la prensa porque también ayuda al Gobierno a tomar decisiones contra casos indebidos o ilícitos”, sin referirse al proceso interno que llevó a formular los pronunciamientos.
En su lugar, dio una explicación entreverada. “Las reacciones son individuales. [En el comunicado se dice que se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial] Pueden ser, como le digo, reacciones individuales, pero de ninguna manera es la posición del Gobierno”, sostuvo.
Como se recuerda, la primera versión del comunicado de Palacio de Gobierno, difundida en canales oficiales, advertía que se “evaluaban las acciones legales correspondientes” contra los medios que revelaron la contratación de jóvenes profesionales allegadas al presidente. Minutos después, el documento fue eliminado y reemplazado por uno que omitía cualquier referencia a represalias judiciales, aunque mantenía críticas a la cobertura periodística por considerarla “malintencionada”.
¿Sobre qué caso hubo dos comunicados desde Presidencia?
Los comunicados surgieron a raíz de los reportajes que documentaron cómo al menos cinco jóvenes, amigas del presidente o con vínculos en redes sociales, obtuvieron órdenes de servicio con el Estado poco después de visitar el despacho presidencial. Los casos más notorios, como el de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, evidencian visitas que se extendieron hasta la medianoche y contratos por montos superiores a S/ 6.000 y S/ 11.000. La modalidad utilizada para algunas de estas contrataciones, el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), permite la incorporación directa de personal sin concurso público, lo que ha alimentado las sospechas de favoritismo.
Consultado sobre si el Ejecutivo está validando el amiguismo como criterio de selección, el ministro Martínez sostuvo que “la discusión debe centrarse en las competencias y la idoneidad de las personas contratadas”. Explicó que “existen modalidades de contratación que no requieren concursos públicos, simplemente son invitaciones, pero siempre se revisan distintos currículos y se elige a la persona idónea”. Negó que las contrataciones respondan a relaciones personales y aseguró que “todos tienen derecho a trabajar si cumplen con los requisitos”.
Investigación fiscal en curso
El escándalo motivó que la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de jóvenes funcionarias en el Despacho Presidencial. La pesquisa está dirigida contra “los que resulten responsables”, sin determinar personas en específico y excluyendo al mandatario, ya que la ley impide que una fiscalía provincial investigue al presidente en ejercicio.
Entre las funcionarias bajo escrutinio figuran personas cercanas al mandatario, con antecedentes de reuniones frecuentes en el Congreso y en Palacio, así como vínculos en redes sociales. Una de ellas, Sheyla Briones Ordinola, fue contratada tras reunirse en seis ocasiones con Jerí, y otra, Alicia Camargo Leiva, asistente personal del presidente, destaca por la rapidez de su incorporación a la sede presidencial tras contactos virtuales y personales con el jefe de Estado.