El anuncio fue realizado por la jefa interina del INPE, Shadia Valdez Tejada, durante una conferencia de prensa ofrecida desde la sede de la Prefectura. En la presentación estuvo acompañada por altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por el ministro de Justicia, Walter Rodríguez.
Valdez Tejada explicó que la decisión no solo responde al perfil criminal del interno, sino también a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
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“Se ha dispuesto el ingreso del interno Erick Luis Moreno Hernández al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, declaró.
Seguridad de la Base Naval del Callao
La Base Naval del Callao es considerada uno de los centros de reclusión de máxima seguridad del Perú. Su régimen carcelario es uno de los más severos y estrictos del país y, a lo largo de los años, ha albergado a criminales de alta peligrosidad y a presos por delitos de terrorismo.
Entre los internos que estuvieron recluidos en sus instalaciones figuran Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. A diferencia de los penales comunes, la seguridad en la Base Naval del Callao no está a cargo del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino de efectivos de la Marina de Guerra del Perú.
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La fragilidad del INPE ante el crimen organizado
La llegada al Perú de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, no solo reactiva el debate sobre su peligrosidad, sino que desnuda la severa crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Su retorno se produce en un momento especialmente delicado para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuestionado por su limitada capacidad para garantizar la custodia efectiva de internos de alta peligrosidad.
En las últimas semanas, el INPE ha quedado expuesto por una serie de fallas operativas que incluyen fugas de reclusos, desorden administrativo y serias inconsistencias en los registros de traslados y ubicación de internos. Estas deficiencias, detectadas incluso durante inspecciones oficiales, han evidenciado la fragilidad de los mecanismos de control y la dificultad del Estado para impedir que organizaciones criminales sigan operando desde las cárceles.
A este panorama se suma la inestabilidad institucional. La renuncia del jefe del INPE y la designación de una autoridad encargada han profundizado la sensación de provisionalidad en una entidad clave para la seguridad interna. Si bien el Ejecutivo ha anunciado un proceso de reestructuración y reformas orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria, estas aún no se traducen en cambios concretos sobre el terreno.
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En ese contexto, el retorno de un interno como Moreno Hernández plantea una interrogante central: si el sistema penitenciario, golpeado por el colapso y la falta de control, está realmente en condiciones de evitar fugas, neutralizar liderazgos criminales y recuperar la autoridad del Estado dentro de las prisiones.