La controversia sobre el uso de plaguicidas altamente tóxicos en la agricultura familiar peruana llegará al Tribunal Constitucional (TC) este miércoles 28 de enero, cuando se realice la audiencia de vista en el proceso de amparo interpuesto para prohibir la comercialización de cinco sustancias cuestionadas.
La demanda, presentada por representantes de asociaciones de consumidores y productores, sostiene que la venta de estos productos supone un riesgo inminente para la vida, la salud y el medio ambiente.
Demandantes y contexto del caso
La acción constitucional fue presentada por Laura Elizabeth López Chávez, presidenta de la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios (AACU), junto a Liz Farfán Balcárcel, presidenta de la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos Chackramanta de Apurímac, y María Nelly Ancco Chalco, líder de la Asociación de Productores Agroecológicos.
Estas organizaciones buscan que el TC declare la inconstitucionalidad de la venta de clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, plaguicidas prohibidos en diversos países, pero aún disponibles en el mercado nacional.
De acuerdo con la demanda, el 80% de la población urbana consume productos básicos que pueden contener residuos de estos químicos, lo que representa un peligro tanto para consumidores como para agricultores.
Solicitudes al Tribunal Constitucional
El petitorio principal de las asociaciones demanda al TC que reconozca el daño potencial de la venta de estos plaguicidas, instando a prohibir su comercialización y a que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) anule los permisos otorgados para cada uno de los productos.
Según el expediente, se argumenta que la venta y uso de estos químicos constituye una amenaza real para los derechos fundamentales a la salud, la vida, la integridad física, la alimentación adecuada y la protección al consumidor.
Las demandantes señalan que la exposición a estos productos vulnera el derecho a un medio ambiente equilibrado, poniendo en peligro tanto a quienes consumen los alimentos como a quienes trabajan en la producción agrícola.
Plaguicidas bajo cuestionamiento
Los cinco plaguicidas mencionados —clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin— figuran entre los más utilizados en la agricultura familiar, aunque en países de Europa y América del Norte han sido retirados del mercado por su alta toxicidad.
Diversos informes técnicos presentados ante el TC subrayan que estos productos son clasificados como “altamente peligrosos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La venta de estos plaguicidas persiste en el mercado peruano a pesar de las advertencias internacionales sobre sus efectos nocivos. La demanda sostiene que la permanencia de estas sustancias en la cadena alimentaria local representa una amenaza directa para la salud pública.
Respuestas institucionales: SENASA y MINSA
El SENASA reconoce la existencia de residuos de plaguicidas en alimentos producidos en el país y admite que “estos pueden amenazar la salud tanto de los consumidores como de los agricultores”.
El propio Tribunal Constitucional había señalado en la sentencia STC 00011-2015-PI que, según informes de SENASA, “en determinados alimentos de origen vegetal producidos en el Perú es posible encontrar residuos de plaguicidas químicos, los que, de acuerdo con la clasificación recomendada por la OMS en 2009, pueden pertenecer incluso a la categoría de altamente peligrosos”.
Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) ha documentado casos concretos de intoxicación por plaguicidas. El reporte “Vigilancia Epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas”, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, advierte sobre la incidencia de intoxicaciones agudas en diferentes regiones del país, información que ha sido tomada en cuenta por el TC en procesos judiciales relacionados.
Derechos en juego y próximos pasos
El proceso abierto ante el Tribunal Constitucional pone bajo revisión la constitucionalidad de las autorizaciones otorgadas para la venta de estos productos y el alcance de las políticas de protección al consumidor. Las organizaciones demandantes argumentan que la situación actual infringe no solo derechos individuales, sino también principios del Estado Social y de protección de sectores excluidos.
Las deliberaciones del TC podrían marcar un precedente sobre el uso de plaguicidas en el país y su impacto en el agro familiar, la salud pública y el medio ambiente. Los siguientes días serán clave para definir el futuro de estos productos en el mercado peruano, mientras el debate sobre su seguridad sigue abierto en diversas instancias nacionales e internacionales.