CAPECO propone modificar el marco legal para enfrentar avance del crimen organizado en el sector construcción

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) advirtió que el avance de la criminalidad organizada se ha convertido en uno de los principales factores que explican el deterioro de la seguridad ciudadana y la pérdida de competitividad económica del país, debido a su creciente inserción en actividades formales, especialmente en el sector construcción.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 96, el vicepresidente ejecutivo del gremio, Guido Valdivia, señaló que las organizaciones criminales han logrado consolidarse no solo mediante el control territorial, sino también a través de la infiltración de instituciones públicas y la corrupción de autoridades, lo que les ha permitido vincular actividades ilícitas con la economía legal.

Según explicó, esta articulación entre economías ilegales y formales ha debilitado los mecanismos de control del Estado y ha generado un entorno de riesgo permanente para trabajadores, empresas y proyectos de inversión vinculados al sector construcción.

Sector vulnerable al crimen

Valdivia indicó que desde hace más de dos décadas la construcción se ha convertido en un espacio particularmente vulnerable para la acción de estas redes delictivas. En ese contexto, sostuvo que delitos como la extorsión y el sicariato representan solo las manifestaciones más visibles de un problema estructural más profundo.

El representante de CAPECO precisó que el accionar criminal no se limita a la violencia directa, sino que se expresa también en mecanismos de presión económica, control ilegal de obras y captura de organizaciones que operan bajo apariencia legal, lo que dificulta su detección y sanción.

Esta situación, advirtió, afecta directamente la formalidad del sector, incrementa los costos de operación y genera un clima de inseguridad que desincentiva nuevas inversiones, especialmente en un contexto de desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.

Modificación del D.Leg 1187

Frente a este escenario, CAPECO propuso modificar el Decreto Legislativo 1187, vigente desde el año 2015, al considerar que su diseño actual resulta insuficiente frente a la evolución y sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la construcción.

El gremio planteó ampliar el alcance de la norma para incorporar delitos que actualmente cometen los denominados falsos sindicatos, entre ellos el tráfico de tierras, la urbanización ilegal, la construcción informal, el crédito usurero, la venta ilegal de materiales y servicios, así como el lavado de activos.

De acuerdo con CAPECO, mantener un marco legal desactualizado favorece la impunidad y permite que estas redes criminales continúen operando dentro de la economía formal, con graves consecuencias para la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad del sector.

Control y coordinación

Además de los cambios normativos, CAPECO planteó revisar los registros sindicales con el objetivo de depurar a aquellas organizaciones inscritas sin el debido control. En ese sentido, propuso fortalecer las facultades del Ministerio de Trabajo en los procesos de registro que actualmente están a cargo de los gobiernos regionales.

El gremio también consideró necesario facilitar la bancarización de los ingresos sindicales, como una medida para mejorar la trazabilidad financiera y reducir espacios de informalidad que puedan ser aprovechados por organizaciones criminales.

Asimismo, CAPECO propuso implementar la plataforma de interoperabilidad prevista en el propio Decreto Legislativo 1187, la cual permitiría el cruce de información entre diversas entidades del Estado para una fiscalización más efectiva y coordinada.

Llamado a un Pacto Nacional

Finalmente, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) plantearon impulsar un Pacto Nacional que permita enfrentar de manera articulada y sostenida los desafíos del sector construcción.

Según el gremio empresarial, este acuerdo resulta clave en un momento en que el país afronta simultáneamente la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la necesidad de fortalecer la seguridad, la formalidad y la competitividad económica.