Muchas personas no saben que las deudas bancarias tienen un límite de tiempo para se cobradas legalmente, gracias a la figura de la prescripción contemplada en el Código Civil de Perú. Esta norma establece que los acreedores bancarios pierden el derecho a demandar el pago de una obligación financiera después de un periodo determinado, brindando un respiro legal a quienes atraviesan dificultades económicas o no pueden afrontar sus compromisos bancarios.
Según la legislación vigente, las deudas prescriben diez años después de que el deudor incumple con su obligación de pago. Durante ese tiempo, los bancos y otras entidades financieras pueden ejercer acciones legales para recuperar el dinero adeudado. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, el acreedor ya no puede iniciar demandas ni embargos, y la deuda se extingue oficialmente, siempre que el deudor solicite a un tribunal que se reconozca la prescripción.
No obstante, este proceso no ocurre automáticamente. El deudor debe presentar una solicitud judicial, aportando la documentación correspondiente para que un juez confirme que la deuda ha prescrito. Solo con esta decisión la obligación de pago desaparece formalmente, convirtiendo la prescripción en una herramienta accesible únicamente para quienes pueden afrontar los procedimientos legales y contar con la asesoría necesaria.
Las deudas no desaparecen del todo
Aunque la deuda desaparece en términos legales, su efecto no se traduce en la eliminación inmediata del historial crediticio del deudor. Según Javier Mori, gerente legal de Equifax, las centrales de riesgo y entidades financieras como Infocorp mantienen el registro de deudas no pagadas hasta cinco años después de que la obligación haya sido declarada prescrita.
“Es importante entender que la prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, explicó Mori. Esto significa que, aunque el acreedor ya no pueda exigir el pago, los antecedentes negativos permanecen visibles, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos, préstamos personales o hipotecas.
En ese sentido, la prescripción representa un alivio legal más que financiero. El deudor queda libre de demandas o embargos, pero su reputación crediticia continúa afectada, lo que puede dificultar la reinserción plena en el sistema financiero durante varios años.
Embargos y mecanismos de cobro
Antes de que una deuda llegue a prescribir, las entidades financieras cuentan con herramientas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Uno de los mecanismos más utilizados es el embargo salarial, que permite retener una parte del ingreso mensual del trabajador para cubrir la deuda pendiente.
La normativa peruana establece que los bancos solo pueden embargar salarios cuando el monto adeudado supera S/2.575 mensuales, equivalentes a cinco Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta medida busca equilibrar el derecho del acreedor a recuperar su dinero con la protección mínima de los ingresos del deudor, evitando que la retención afecte gravemente su economía familiar.
A pesar de estos límites, muchos trabajadores enfrentan un golpe directo a su estabilidad financiera cuando se ejecutan estos embargos. Por ello, la prescripción legal se presenta como una alternativa para quienes no pueden asumir la deuda, aunque requiere un proceso judicial y recursos para su tramitación, además de la aceptación de las consecuencias crediticias que esta decisión conlleva.
Endeudamiento en Perú se incrementa
El contexto económico del Perú evidencia un aumento preocupante del endeudamiento personal entre los ciudadanos. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el endeudamiento promedio alcanza el 29,4 % de los ingresos mensuales de los peruanos, lo que refleja la creciente presión financiera sobre los hogares.
Este nivel de carga económica se explica por diversos factores, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo, los gastos imprevistos y la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas, como alimentación, transporte y vivienda. La situación alerta sobre la vulnerabilidad de las familias frente a cualquier eventualidad económica y la necesidad de promover una educación financiera más sólida.
En ese sentido, la prescripción se presenta como una salida legal para personas sobreendeudadas, permitiéndoles liberarse de obligaciones que no pueden afrontar; sin embargo, los especialistas advierten que debe considerarse como última opción, ya que implica un proceso judicial largo y no elimina las secuelas crediticias de la deuda.