El Poder Judicial resolvió un punto clave dentro de una investigación de alto impacto político. Una sala superior revisó el pedido del Ministerio Público que buscó restringir la libertad de tránsito de una expresidenta y decidió mantener la resolución de primera instancia. El pronunciamiento confirmó que, en esta etapa del proceso, no corresponde aplicar una medida que limite la salida del país.
La decisión se produjo tras la apelación presentada por la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto lavado de activos agravado en agravio del Estado. El tribunal evaluó los argumentos fiscales, el sustento probatorio y los criterios legales exigidos para imponer una restricción de derechos fundamentales.
El fallo ratificó que Dina Boluarte Zegarra puede salir del país y dejó firme el rechazo al impedimento solicitado por 36 meses. La resolución fijó con claridad los alcances del control judicial frente a los requerimientos del Ministerio Público durante diligencias preliminares.
Sala declara infundada la apelación de la Fiscalía
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró “infundado el recurso de apelación interpuesto por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos”. Con esta decisión, el colegiado confirmó lo resuelto por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien el 15 de octubre desestimó el pedido de impedimento de salida del país.
El tribunal ratificó la resolución emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y precisó que no se impondrá restricción alguna a la expresidenta mientras continúa la investigación. El pronunciamiento confirmó que la medida solicitada no cumplió con los presupuestos legales.
El pedido fiscal y su contexto procesal
El Ministerio Público solicitó un impedimento de salida del país por 36 meses contra la exmandataria dentro de una investigación preliminar iniciada en enero de 2023. La Fiscalía argumentó que la medida resultaba necesaria para asegurar el desarrollo de las diligencias y evitar riesgos procesales.
Tras el rechazo en primera instancia, la Fiscalía presentó un recurso de apelación con el objetivo de revertir la decisión judicial. La Sala superior revisó ese planteamiento y evaluó su compatibilidad con los criterios exigidos por la normativa procesal penal.
Uno de los puntos centrales del fallo se centró en el nivel de sospecha requerido para dictar un impedimento de salida del país durante diligencias preliminares. La Quinta Sala Penal señaló que el estándar aplicable es el de sospecha reveladora.
Según la resolución, los elementos presentados por la Fiscalía solo alcanzaron el nivel de sospecha simple. El tribunal indicó que ese grado permite continuar con la investigación, pero no sustenta una restricción de derechos. En ese sentido, precisó que “no se logró acreditar un vínculo concreto entre los depósitos bancarios analizados y actividades criminales previas”.
Evaluación del peligro de fuga
La Sala también analizó el supuesto peligro de fuga alegado por el Ministerio Público. El colegiado descartó su existencia al considerar que los argumentos fiscales se basaron en afirmaciones generales sin respaldo objetivo.
El tribunal señaló que aspectos como viajes anteriores, situación económica o vínculos familiares fuera del país no constituyen, por sí solos, un riesgo real de fuga. Además, destacó que la investigada mantuvo un comportamiento procesal acorde con las citaciones formuladas por las autoridades.
Otro eje del pronunciamiento se relacionó con la necesidad de la presencia física de Dina Boluarte para el desarrollo de la investigación. La Quinta Sala Penal coincidió con el juzgado de primera instancia en que dicha presencia no resulta indispensable para las diligencias pendientes.
La resolución indicó que actos como declaraciones o careos tienen carácter facultativo y que la investigada puede ejercer su derecho a guardar silencio. Por ese motivo, el tribunal concluyó que no existía justificación para imponer un impedimento de salida del país con el fin de asegurar su participación.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la Resolución Número Cuatro del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Con ello, quedó establecido que Dina Boluarte puede salir del país mientras sigue su curso la investigación por presunto lavado de activos agravado.
El escenario judicial de los expresidentes peruanos
El panorama político de Perú ha estado marcado por la judicialización de sus expresidentes, quienes han enfrentado procesos por delitos graves desde la década de 1990, una situación sin precedentes en América Latina. La mayoría de los jefes de Estado peruanos de los últimos treinta años han sido investigados por acusaciones que van desde corrupción y lavado de activos hasta violaciones a los derechos humanos.
El caso de Alberto Fujimori ejemplificó este fenómeno. Fue el primer presidente peruano encarcelado después de su mandato, cumpliendo 25 años por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción, de acuerdo con Infobae. Aunque recibió un indulto por razones de salud, falleció en 2024 con causas judiciales abiertas. La trayectoria judicial continuó con Alejandro Toledo, quien, tras ser extraditado desde Estados Unidos en 2023, recibió una condena de 20 años y seis meses por recibir sobornos de Odebrecht y por lavado de dinero en el llamado caso Ecoteva.
La influencia de Odebrecht en la política peruana también alcanzó a Alan García, quien fue objeto de una orden de detención por corrupción relacionada con los contratos del Metro de Lima y la carretera Interoceánica. Antes de ser arrestado en 2019, García optó por el suicidio, un hecho que evidenció la presión judicial sobre los exmandatarios. Por su parte, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron una condena de 15 años de prisión en 2025 por lavado de activos, tras comprobarse el ingreso de fondos ilícitos de Odebrecht y del gobierno venezolano para sus campañas electorales.
La lista de expresidentes procesados incluye a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de un escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, según Infobae. Aunque se le impuso prisión domiciliaria y luego comparecencia restringida, su caso por lavado de activos permanece abierto y sin sentencia definitiva. A esto se suma la situación de Martín Vizcarra, destituido y actualmente bajo prisión preventiva. Vizcarra fue condenado por aceptar sobornos cuando era gobernador y enfrenta investigaciones por pagos ilícitos en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”, además de otras acusaciones vinculadas a su gestión presidencial.
El ciclo se repite con Pedro Castillo, encarcelado tras intentar disolver el Congreso en 2022. Fue condenado por rebelión y abuso de autoridad, y enfrenta investigaciones por corrupción, organización criminal y direccionamiento ilícito de contratos públicos, según Infobae. Este patrón institucional, observado desde 1990, revela una estructura de corrupción que ha alcanzado la cúspide del poder político en Perú.