El abogado Humberto Abanto, defensor del suspendido gobernador regional del Callao Ciro Castillo Rojo, afirmó que su patrocinado “tiene que estar en el Perú”, aunque su paradero se desconoce luego de que la Policía Nacional del Perú realizara un allanamiento a su vivienda y a más de 20 inmuebles en el marco de una investigación por presunta organización criminal conocida como “Los Socios del Callao”.
En diálogo con RPP, Abanto negó que Castillo haya salido del país y denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene activa la orden de detención preliminar por quince días contra el gobernador, señalado como posible líder de la red de la organización criminal.
Abanto rechazó las imputaciones fiscales contra Castillo y señaló que existen “varias inconsistencias” en la resolución judicial que ordena la detención. Según el abogado, la acusación carece de “datos objetivos” y que la presunta jefatura de una organización criminal se fundamenta únicamente en el cargo ocupado por Castillo al interior del gobierno regional del Callao.
Además, el abogado explicó en RPP que Castillo no se encontraba en su casa durante el allanamiento porque dos días antes había ingresado a una clínica local a causa de un problema de artrosis deformante. Abanto afirmó: “Sí (está en el país). Tiene que estar en el Perú”.
El letrado cuestionó también la investigación fiscal, realizada en secreto durante ocho meses, lo cual, a su juicio, vulnera la ley al no informar a las partes dentro de los primeros veinte días. Abanto anunció la presentación de una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el fiscal Wils Gonzáles Morales y el juez Edie Solórzano Huaraz, argumentando que el proceso ha sido injusto y que los derechos de defensa de Castillo han sido atropellados.
Respecto a la apelación presentada para revertir la detención preliminar, Abanto indicó que aún no se ha fijado audiencia y criticó la “celeridad para el fiscal y lentitud para el acusado”, cuestionando la igualdad de condiciones ante el proceso. Expresó que la defensa busca que los derechos del imputado sean efectivos y no “simples proclamaciones”.
Sobre otras imputaciones, como el nombramiento de Jimmy Whu Cárdenas como asesor y Hiromi Zúñiga en logística, el abogado afirmó que las acusaciones carecen de sustento y que la aprobación del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.
PNP niega filtración de información a favor de Castillo
Abanto criticó que un general de la PNP haya sugerido que Castillo fue advertido del allanamiento, señalando directamente al general Luna y exigiendo que, si existen pruebas de una filtración, se presenten ante la Inspectoría de la Policía.
La versión del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, es que investigación es liderada por el Ministerio Público y que la policía actuó con total reserva: “Sería paradójico, totalmente incongruente, que la misma policía, que actuó de manera muy reservada, facilite información que permitiría la fuga”, subrayó el jefe policial.
Además, el jefe de la Policía Nacional no descartó que Castillo se halle fuera del país, ya que no ha sido ubicado en su residencia desde hace cuatro días, pero reiteró que la búsqueda continúa a nivel nacional y que la orden de detención sigue vigente. Recordó que la vacancia temporal de Castillo, declarada por el Consejo Regional del Callao, permitió la sucesión constitucional y la designación de una nueva autoridad regional.
Allanamiento contra “Los Socios del Callao”
La madrugada del megaoperativo, agentes de la PNP y representantes del Ministerio Público realizaron 27 allanamientos simultáneos en el Callao, que incluyeron la residencia de Castillo en La Punta y oficinas del gobierno regional, con el objetivo de recabar pruebas por supuestos delitos de colusión y direccionamiento de contratos estatales. Como resultado, se dispuso la detención preliminar de siete personas, entre ellas asesores y responsables de áreas estratégicas como Jimmy Alexander Boo Cárdenas y Hiromi Zuñiga Jauri.
La investigación fiscal sostiene que la presunta organización criminal Los Socios del Callao, liderada por Castillo Rojo, manipuló procedimientos de contratación pública durante el último año, fraccionando contratos para adjudicar servicios y compras por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), eludiendo los controles de licitación y beneficiando a proveedores específicos. El perjuicio al Estado superaría un millón y medio de soles.
El expediente detalla que la red operó entre 2023 y febrero de 2024, utilizando mecanismos que permitieron la emisión constante de órdenes de compra directas para favorecer a empresas vinculadas a funcionarios regionales. Entre los detenidos figuran encargados de almacenes, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores.
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