La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) expresó su rechazo a la inhabilitación arbitraria por 10 años de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y cuestionó duramente la reciente intervención del Tribunal Constitucional.
En un comunicado, la Asociación sostiene que la sanción contra Espinoza se dio en un procedimiento también objetado por afectación a derechos fundamentales y vulneración directa a la autonomía del Ministerio Público". Ello sumado a que se da un “contexto de graves cuestionamientos públicos por prácticas de blindaje y debilitamiento de la lucha contra la criminalidad”.
“Observamos en tal sentido que resulta sumamente grave que una parte significativa de congresistas que votaron por dicha inhabilitación, estén sometidos a investigación penal, pues, no solo evidencia un serio conflicto de intereses, sino un riesgo cierto de la utilización del poder político para fines de impunidad”, se lee.
El pronunciamiento reconoce que la inhabilitación política sí es una facultad del Congreso, no obstante, esta “no puede ser utilizada de manera irregular para frustrar el derecho de la sociedad a la persecución penal de delitos graves, en particular aquellos vinculados a corrupción en agravio del Estado”.
“Exigimos al Congreso de la República que, respetando el principio de corrección funcional, se abstenga de debilitar el sistema de equilibrio de poderes mediante actos que erosionan la institucionalidad democrática y la autonomía de los organismos constitucionales”, requieren desde la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia.
Critican al TC
En otro punto del comunicado, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia califica como una “injerencia indebida” la medida cautelar que otorgó el Tribunal Constitucional con la que suspende la orden del juez Juan Torres Tasso de reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.
Esta decisión del TC, dicen, se da en abierta contravención del artículo 139.2 de la Constitución, que establece que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”.
“Alertamos que ninguna decisión estatal puede situarse por encima de los estándares del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, bajo riesgo de incurrir en grave responsabilidad estatal, sobre todo cuando de por medio está el derecho ius cogens consagrado en tratados internacionales. En tal sentido, los jueces de la República se encuentran plenamente habilitados para ejercer control constitucional y convencional, sin que ello dé lugar a persecución o represalia alguna”, se lee.
Recientemente, la fiscal de la Nación pidió al juez Torres Tasso inaplicar la decisión en mayoría del TC vía control de convencionalidad y proseguir con su demanda contra la JNJ. Sin embargo, el magistrado decidió obedecer al TC y suspender el trámite del proceso de amparo.
“Denunciamos que se viene utilizando la narrativa de desacato para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal, afectando la independencia y autonomía de jueces y fiscales en un contexto de profunda crisis institucional, pese a que dichas funciones son garantías esenciales para la ciudadanía y para la vigencia del orden democrático”, apunta la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia.