El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, sorprendió al país y al mundo con un mensaje televisado en el que anunciaba una serie de medidas excepcionales. Ante su inminente vacancia tras el destape de graves hechos de corrupción, el jefe de Estado recurrió a la misma estrategia que, aunque por motivos distintos, impulsó Alberto Fujimori, padre de una de sus principales adversarias políticas: un golpe de Estado.
Un día antes del anuncio, el propio Castillo se había reunido en Palacio de Gobierno con Betssy Chávez y Aníbal Torres para ultimar la redacción del mensaje que al día siguiente leería ante la Nación. La declaración hecha por Salatiel Marrufo —exasesor del Ministerio de Vivienda, quien confirmó que Castillo recibía coimas mensuales de S/50.000— precipitó la ejecución del golpe.
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La mañana del 7 de diciembre, Castillo apareció en cadena nacional para declarar la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de emergencia excepcional” y la convocatoria a elecciones legislativas. “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción”, leyó, empleando frases elaboradas y coordinadas junto a Aníbal Torres, como luego constató el tribunal. El mensaje también incluyó la imposición de un toque de queda y la orden de capturar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La orden fue transmitida por el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, quien, según el testimonio del propio general Raúl Alfaro, facilitó la comunicación y colaboró con los preparativos para ejecutar el plan golpista.
La reacción al anuncio fue inmediata. Se produjeron renuncias masivas en el gabinete, condenas públicas de altos funcionarios y la negativa de la policía y las fuerzas armadas a respaldar la ruptura institucional. Castillo y Betssy Chávez intentaron huir hacia la embajada de México, pero fueron arrestados por la Policía antes de alcanzar el destino.
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La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el liderazgo del Ejecutivo, configurando un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en acceder al cargo en Perú. No obstante, su llegada no restauró la calma. Desde diciembre de 2022, miles de peruanos salieron a las calles para exigir elecciones anticipadas y profundas reformas políticas. Durante meses, las protestas —reprimidas con violencia— se replicaron en diversas regiones, dejando más de 60 muertos y cientos de heridos según informes de organismos internacionales.
El malestar, la desconfianza generalizada hacia las instituciones, investigaciones contra Boluarte e inacción frente a la criminalidad motivaron que, a tres años de los hechos, no queden rastros de la plancha presidencial que en 2021 llegó al poder de la mano de Perú Libre.
¿Qué cambió a tres años del anuncio de Pedro Castillo?
A menos de dos semanas de cumplirse los tres años del fallido golpe de Estado, el Poder Judicial condenó a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, y a Aníbal Torres a seis años y ocho meses. Se les halló culpables del delito de conspiración para la rebelión, al haberse probado la coordinación y ejecución consciente de los actos para quebrantar el orden constitucional. En paralelo, fueron inhabilitados por dos años para ejercer cargos públicos y obligados a pagar una reparación civil de 12 millones de soles (USD 3.562.000) al Estado peruano.
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El tribunal supremo destacó como agravante la condición de Castillo como jefe de Estado, aunque lo absolvió de delitos de grave perturbación a la tranquilidad pública y abuso de autoridad. Si bien Torres recibió una condena menor, al igual que sus cómplices, se comprobó su participación en la elaboración y defensa del discurso golpista. Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros, fue señalada por organizar la logística del mensaje y coordinar con medios de comunicación la difusión del acto golpista, además de acompañar en todo momento a Castillo durante la ejecución de los hechos.
En el caso de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras el golpe fallido y se convirtió en la mandataria más impopular del mundo (con picos de desaprobación cercanos al 90%, según encuestas locales y reportes internacionales), tampoco logró consolidar su gobierno y terminó siendo destituida en octubre por el mismo Congreso que la invistió, acusada de “incapacidad moral permanente” debido al agravamiento de la violencia y la criminalidad.
Este nuevo quiebre institucional demostró que la profunda crisis de legitimidad que afectó a Castillo se trasladó a su sucesora, y que el Congreso, aunque fue la institución salvada del golpe, mantiene su propia crisis de representatividad, actuando como un factor constante de inestabilidad política. Así, el interinato quedó en manos de José Jerí, encargado de dirigir el país hasta las elecciones previstas para 2026 y oficialmente el noveno jefe de Estado en apenas 15 años.
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