El alcalde de Comas, Ulises Villegas, dejó de aparecer en sus redes sociales después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmara su sentencia a seis años de prisión efectiva por colusión agravada y ordenara su ubicación y captura.
En su cuenta de TikTok, red social en la que solía tener mayor actividad, no se registra ninguna publicación desde el jueves pasado, fecha en la que asistió al colegio San José del distrito y participó en un baile con un grupo de escolares. Desde entonces, no se registran nuevas publicaciones, mientras la orden de arresto continúa vigente para su traslado a un centro penitenciario.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tampoco ha difundido información sobre el caso, a diferencia de lo ocurrido días atrás con el expresidente Martín Vizcarra, condenado por cohecho, de quien se informó que ingresó al penal de Barbadillo a las 21:25 horas del último miércoles.
El mismo día en que el Poder Judicial ratificó su condena, Villegas presidió virtualmente la sesión 21 del concejo municipal de Comas, la cual se transmitió por Facebook. Durante el encuentro se trataron la aprobación de actas anteriores, la evaluación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2025-2029 y pedidos de instituciones educativas sobre equipamiento municipal.
“Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana en unión familiar. Que Dios me los bendiga”, expresó al concluir la reunión con regidores.
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La sentencia de primera instancia contra el alcalde, emitida en abril, también alcanzó a exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia. Rubén Jiménez, exgerente municipal; Elizabeth Espinoza, exgerente de Infraestructura; Pedro Ancajima, ingeniero de planta; y César Cervantes, supervisor de obra, recibieron seis años de prisión como coautores de colusión agravada.
La resolución judicial incluyó penas de tres años para Santos Espinoza, exgerente de Gestión Ambiental, y Raymundo Concepción, exgerente de Administración y Finanzas, por falsedad ideológica.
Durante el juicio, el fiscal provincial Jorge García indicó que en 2017 la empresa UDEL Group recibió la adjudicación de la obra “Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz”. De acuerdo con la acusación, Villegas, en representación de la empresa, y los demás implicados acordaron entregar la obra, aunque se encontraba inconclusa, ocasionando un perjuicio económico al Estado.
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La acusación fiscal se basó en el expediente técnico, informes de la Contraloría y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), además de peritajes de ingeniería civil, contabilidad y economía.
El Ministerio Público logró, además, que los sentenciados queden inhabilitados durante cinco años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
En julio último, la gestión municipal de Villegas dijo a Infobae Perú que el caso se inició con la firma de dos actas por parte de un bachiller, pese a que la Ley N.º 28858 exige que esos documentos lleven la rúbrica de un ingeniero colegiado.
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El burgomaestre anunció en su momento que apelaría la sentencia, la cual calificó de desproporcionada e injusta. “Confío en Dios y en la justicia del Perú, y espero que este proceso en primera instancia, con una sentencia suspendida y que está siendo apelada, no sea utilizado como una mordaza política para silenciar lo que pienso y mucho menos se convierta en una cacería de brujas en mi contra”, afirmó.
Anteriormente, Villegas había enfrentado críticas tras entregar dinero en efectivo a estudiantes que ingresaron a universidades estatales, hecho que justificó como un “premio con el fruto de su sueldo”. De igual modo, fue cuestionado por la Defensoría del Pueblo por operativos municipales contra vendedoras ambulantes y trabajadoras sexuales.
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