El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el proceso por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La pena será de cumplimiento inmediato, debido a que no se cumplen los requisitos legales para optar a una suspensión de la condena. Además, Vizcarra enfrenta nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberá pagar una reparación civil de 2,3 millones de soles.
Tras conocerse la sentencia, el fiscal superior Rafael Vela Barba, encargado del caso, ofreció declaraciones en las que valoró la actuación del Equipo Especial Lava Jato y subrayó la capacidad del sistema judicial para resistir presiones ajenas. Vela indicó que la sentencia constituye un paso significativo en la lucha contra la corrupción en los altos niveles del Estado.
Vela sostuvo que la condena dictada contra Vizcarra representa no solo la aplicación de la ley, sino también la fortaleza del sistema de justicia ante la presión política. “Estamos ante el tercer expresidente constitucional sentenciado, lo que demuestra que el sistema de justicia está resistiendo ante las presiones y ante la intromisión de la política”, señaló Vela Barba en diálogo con la prensa.
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El fiscal remarcó que el caso de Vizcarra evidenció la solidez del trabajo del Equipo Especial Lava Jato, pese a múltiples obstáculos. “Los resultados son estos para quien los quiera ver”, afirmó Vela.
Vizcarra es el tercer expresidente condenado
El fiscal Vela Barba recordó que Martín Vizcarra pasa a engrosar la lista de tres expresidentes constitucionales condenados gracias a la labor del Equipo Especial Lava Jato, junto a otros casos emblemáticos que sentaron precedente en la lucha anticorrupción.
Explicó que el trabajo de este grupo especializado tiene como objetivo evitar la impunidad en los altos rangos del poder estatal. “Se trata de garantizar la plena aplicación de la justicia, sin distinción de jerarquías ni influencia política”, afirmó.
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Vela destacó que las sentencias obtenidas muestran la capacidad del sistema judicial para resistir presiones externas, incluidas suspensiones ilegales revertidas por el Poder Judicial, en un gesto que refuerza la autonomía del Ministerio Público.
Fiscal Vela Barba afirma que investigaciones resisten presiones
El fiscal superior manifestó que el Equipo Especial Lava Jato ha enfrentado presiones internas y externas durante el proceso que involucró a Vizcarra y a otros funcionarios. Entre estas presiones, mencionó intentos de obstrucción de investigaciones y cuestionamientos a la autonomía fiscal.
“Siempre hemos afrontado presiones, incluso internas, y estamos listos para dar la cara y ofrecer respuestas. Estos son los resultados obtenidos”, declaró Vela, remarcando la transparencia y el rigor en la gestión del caso.
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También recalcó que la independencia judicial resulta esencial para garantizar la aplicación imparcial de la ley. “El Poder Judicial continúa como el último bastión de la democracia y respaldo de la autonomía fiscal”, añadió.
Vela Barba precisó que el equipo especial mantiene sus funciones con regularidad y transparencia, y que los resultados reflejan la solidez de su labor. Recordó que la decisión sobre la continuidad del equipo corresponde exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos y al fiscal de la Nación.
El fiscal reiteró que las investigaciones concluyen en sentencias cuando la evidencia resulta concluyente, tal como ocurrió con Vizcarra. “Mientras se nos permita ejercer nuestra función, las investigaciones y acusaciones finalmente desembocarán en condenas”, sostuvo.
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Ante rumores sobre posibles cambios en la estructura de los equipos especiales, Vela Barba aseguró que el grupo está preparado para defender sus argumentos y la continuidad de sus investigaciones frente a cualquier decisión de carácter oficial.
Fiscal Vela Barba reafirma que ejecución inmediata evita postergación de la justicia
Sobre una eventual apelación de Vizcarra, Vela Barba confió en que la solidez de la evidencia y los argumentos presentados llevarán a que se ratifique la sentencia. “Por la fuerza de la evidencia y la contundencia de los argumentos, esperamos que se reconfirme la justicia”, apuntó.
El fiscal insistió en que la ley debe aplicarse a todos, independientemente del cargo o la posición política. “Que la justicia se imponga como corresponde, incluso si se trata de un expresidente”, manifestó.
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Señaló que la ejecución inmediata de la pena busca evitar la postergación de la justicia, una situación observada en casos de otros altos funcionarios en el pasado.
La decisión de efectuar el cumplimiento de la sentencia de forma inmediata obedece a la gravedad de la condena y la necesidad de evitar demoras en la justicia. Vela Barba lo comparó con otros casos de alto perfil, como el de Nadine Heredia, quien solicitó asilo en Brasil; el de la ex primera ministra Betssy Chávez, que permanece en la embajada de México en Perú tras la negativa del gobierno peruano a concederle salvoconducto para asilo, y otros casos en los que exfuncionarios lograron dilatar la acción de la justicia.
El fiscal sostuvo que aplicar la pena sin demoras garantiza que la justicia funcione de manera efectiva. “Es lo que corresponde para evitar que casos de corrupción se dilaten”, explicó.
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La medida busca establecer un mensaje claro ante casos de corrupción en los niveles más altos del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que Vizcarra exigió un 2% del presupuesto de la obra Lomas de Ilo a Paul Tejada, exgerente de Obrainsa, y solicitó otro soborno al gerente de ICCGSA para asegurar la adjudicación de proyectos públicos.
El pago se realizó en varias entregas, entre ellas, 400.000 soles en enero de 2014 y 600.000 soles en abril del mismo año, remitidos en folders manila. En lo referido al Hospital de Moquegua, la coima se gestionó a través de José Manuel Hernández, exministro de Transportes, quien aportó bajo la figura de colaboración eficaz.
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La condena impuesta a Vizcarra contempla, además de la prisión, una reparación civil de 2,3 millones de soles y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por nueve años, medidas que refuerzan la sanción por actos de corrupción cometidos durante su gestión.