La propuesta para incrementar las pensiones de los docentes jubilados y cesantes ha generado atención por su impacto económico y los beneficiarios directos. Un grupo de once congresistas, todos vinculados a la docencia, promueve una ley que elevaría los pagos a S/3.300, cifra que podría representar S/5.670 millones al año para las arcas del Estado, según información de Ojo Público. La medida ha sido debatida y votada en diversas etapas del Congreso, sin que ninguno de los legisladores se abstenga de respaldarla.
El Ejecutivo ha observado la iniciativa, señalando que la diferencia en los montos otorgados a los maestros respecto a otros pensionistas carece de un análisis técnico que justifique su proporcionalidad. A pesar de ello, la propuesta ha avanzado con rapidez y ha contado con el apoyo de los propios legisladores que eventualmente se beneficiarán de la norma, generando cuestionamientos sobre la oportunidad y prioridades del gasto público.
Legisladores autores y coautores de la propuesta
Ojo Público identificó que seis de los congresistas son docentes nombrados que presentaron ocho de los proyectos agrupados en la autógrafa. Entre ellos se encuentran Paul Gutiérrez Ticona, Alex Paredes Gonzales, Flavio Cruz Mamani, Edgar Tello Montes, Katy Ugarte Mamani y Segundo Quiroz Barboza, quienes han respaldado la iniciativa durante el debate en comisiones y en el Pleno, sin abstenciones ni votos en contra. Otros cinco legisladores participan como coautores, sumando un total de once congresistas implicados directamente en la propuesta.
La mayoría de estos parlamentarios impulsó los proyectos desde el Bloque Magisterial, salvo Cruz Mamani, que lo hizo desde Perú Libre. Ojo Público destaca que varios de ellos figuran como precandidatos para las elecciones de 2026, un dato que añade un componente político a la discusión sobre la iniciativa.
Impacto fiscal y advertencias del Ejecutivo
El Consejo Fiscal ha señalado que la iniciativa representa un costo anual de S/5.670 millones, uno de los proyectos con mayor incidencia en el gasto público en los últimos cinco años. El Gobierno ha advertido que la medida carece de un análisis que evalúe la razonabilidad del aumento en comparación con otros pensionistas del sector público.
Según Ojo Público, el incremento está diseñado para equiparar la pensión de los maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, lo que equivaldría a S/3.300 hasta la fecha, aunque podría aumentar por incrementos salariales posteriores. Expertos han cuestionado que el financiamiento del proyecto no contempla mecanismos sólidos para cubrir el costo estimado, lo que podría generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Participación de los legisladores en las votaciones
Gran parte de los congresistas involucrados votó a favor en todas las etapas del debate, desde la Comisión de Economía hasta el Pleno. Ninguno se abstuvo, a pesar de tratarse de un proyecto que los beneficiará directamente, según Ojo Público. Esta situación ha despertado cuestionamientos sobre la ética y la transparencia del proceso, ya que los legisladores promueven un aumento que les otorgará beneficios personales.
Ojo Público detalla que algunos de los parlamentarios con licencia docente, como Edgar Tello Montes y Alex Paredes Gonzales, también respaldaron iniciativas que modifican evaluaciones docentes y reducen sanciones para quienes no las superan, un hecho que ha sido vinculado a su historial dentro del sector educativo.
Reacciones del sector docente y sostenibilidad de la medida
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ha organizado movilizaciones frente al Congreso para exigir la aprobación de la medida. Sin embargo, líderes gremiales han señalado que no todos los docentes se sienten representados por los legisladores que impulsan la norma, y que algunos de ellos se han sumado a los proyectos de manera oportunista, según Ojo Público.
Expertos en finanzas públicas han recomendado evaluar mecanismos de incremento progresivo y fuentes de financiamiento, como impuestos a colegios privados o a la quinta categoría, aunque los cálculos indican que estos ingresos serían insuficientes para cubrir el costo total estimado. El debate sobre la medida continúa, con la expectativa de que la autógrafa sea discutida por insistencia en el Pleno del Congreso.