El Gobierno de José Jerí destituyó a Rafael Muente Schwarz como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). La medida, formalizada este miércoles mediante una resolución viceministerial expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha sido rechazada por el exfuncionario, quien mencionó que con ello “se consuma la captura política del Osiptel”.
Durante el último semestre, Muente ya se encontraba suspendido del ejercicio del cargo debido a una medida cautelar de la PCM implementada en mayo, en el marco del procedimiento disciplinario. La investigación apuntó a una supuesta influencia para la contratación de un curso. No obstante, afirmó que “no se ha encontrado ninguna irregularidad ni delito, como corroboraron la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y Servir”.
Servir declaró la nulidad de una primera suspensión en la que se me acusaba de direccionamiento, porque la PCM vulneró el debido proceso”, indicó y cuestionó que la PCM reinicie el proceso en mayo de este año, manteniéndolo alejado del cargo más de seis meses sin presuntamente presentar nuevas pruebas sustantivas y repitiendo el expediente anterior.
PUBLICIDAD
El exjefe de Osiptel sugirió que su destitución responde, en realidad, a presiones vinculadas a intereses privados y económicos. Señaló que bajo su gestión se impulsaron regulaciones estrictas contra la venta ambulatoria de chips, incluidas la prohibición legal y la propuesta de penalización para quienes la permitieran, lo que habría generado resistencias en el sector. “No me queda la menor duda que soy un estorbo para muchos intereses económicos al haberle declarado la guerra a la venta ambulatoria de chips”, manifestó.
El comunicado también refiere que el liderazgo interino de Jesús Guillén Marroquín, actual presidente encargado de Osiptel, adoptó una actitud pasiva frente a la problemática de la venta irregular de chips, un delito que afecta la seguridad ciudadana. Según Muente, hubo un cambio de postura en el ente regulador durante los meses recientes, mientras él se encontraba apartado de sus funciones.
Por último, adelantó que interpondría las acciones legales necesarias para hacer valer sus derechos. “¡No me callarán! La justicia prevalecerá“, concluyó.
Gobierno justifica la destitución y rechaza versión de “captura política”
La posición oficial llegó mediante un comunicado de Osiptel que resalta la aprobación de la Resolución Vice Ministerial N.° 004-2025-PCM/DVGT, la cual “confirma la responsabilidad administrativa del expresidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz, por hechos que involucran el uso de influencia jerárquica, irregularidades en la incorporación de una capacitación de alto costo y un viaje al extranjero financiado con fondos públicos sin la debida autorización”.
PUBLICIDAD
El pronunciamiento del regulador subrayó que en 32 años de historia de la entidad, nunca antes un presidente ejecutivo había sido destituido por motivos similares. Destacó que el caso fue evaluado por una comisión ad hoc, garantizando el debido proceso, la oportunidad de presentar pruebas y alegatos, así como la defensa del involucrado. “Ningún funcionario puede usar su cargo para beneficios personales ni gestionar recursos públicos sin cumplir estrictamente la norma”, indicó.
De esta manera, refutaron directamente los argumentos de Muente, al señalar que sus declaraciones carecen de evidencia empírica y que la decisión no obedeció a intereses económicos, sino a la confirmación de responsabilidad administrativa tras una investigación que incluyó todas las garantías procesales.
El comunicado añadió que la medida debe servir como un llamado a fortalecer los controles internos, en especial los procesos de capacitación y adquisiciones, así como la integridad en la gestión de todos los funcionarios. Planteó además la importancia de que el Osiptel refuerce su trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial, Reniec, Migraciones, autoridades municipales y la sociedad civil para garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia en el uso de recursos públicos.
PUBLICIDAD