Recientemente, el presidente de la República, José Jerí, anunció que solicitará facultades legislativas al Congreso para, entre otros temas, impulsar una nueva Ley de Industrias. Para quienes recordamos su labor parlamentaria, esta iniciativa no es novedad. De hecho, algunos (entre los que me incluyo) apostamos a cuánto se demoraría en ponerla sobre la mesa.
Hacia fines de 2023, Jerí presentó el Proyecto de Ley N.º 5892/2023-CR, que proponía exoneraciones tributarias para actividades específicas, bajo el argumento de que experiencias similares existieron en Corea del Sur y Singapur, o en el Perú en el caso de la agroindustria. Si el Ejecutivo pretende replicar esta iniciativa mediante decreto legislativo, cometería un grave error. Lo mencionamos anteriormente: una política industrial seria no elige sectores “a dedo”, sino que se basa en análisis técnicos que identifican industrias con ventajas comparativas reales.
Existe abundante literatura económica sobre el desarrollo de políticas industriales y beneficios particulares. Investigaciones como The Who, What, When, and How of Industrial Policy: A Text-Based Approach (2023) muestran que las políticas industriales dirigidas a un subconjunto de industrias están altamente correlacionadas con las ventajas comparativas de dichas industrias. Algunos de los sectores que se priorizarían, de acuerdo con el proyecto, serían la industria naval y los proveedores de la minería.
Respecto del último sector, el Ministerio de Energía y Minas de ese entonces consideró que la iniciativa legislativa no era viable. En las conclusiones de su Informe N.º 1051-2023-MINEM/OGAJ, señala que las propuestas normativas contenidas en el proyecto contravienen el marco legal minero y que no resultan necesarias, pues ya existe regulación para las actividades extractivas de minerales y su beneficio.
Y, sobre la industria naval, ¿se ha hecho un análisis que determine su priorización? El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Oficio N.º 199-2023-BCRP, sostiene que las medidas de política de impulso sectorial requieren primero identificar las externalidades potenciales específicas de cada sector y contar con una estrategia de cómo abordarlas, la cual debe superar un análisis costo-beneficio. Ello debido a que, a lo largo de la exposición de motivos del proyecto, no se cita evidencia que sustente el grado de éxito de las medidas planteadas.
Es curioso (por decir lo menos) que se pretenda ligar el éxito del sector agroindustrial únicamente a incentivos tributarios. La historia económica del Perú muestra que el éxito del sector ha sido resultado de una estrategia integral, con políticas de incentivo a la inversión en el campo en las que destacan: la apertura e integración con el mundo (hoy con 23 acuerdos comerciales); el desarrollo de infraestructura portuaria, de conectividad e irrigación; las mejoras en la facilitación del comercio; y el fortalecimiento de los órganos encargados del cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios, entre otros.
Cabe mencionar que el proyecto sugería premiar a empresas que usen materias primas locales y castigar a quienes utilicen insumos importados, ignorando que ello contraviene la Constitución y los TLC vigentes, que garantizan el trato nacional igualitario. Esto recuerda a la Industrialización por Sustitución de Importaciones de los años sesenta, que generó productos más caros y de menor calidad, beneficiando a unos cuantos industriales en perjuicio de los consumidores.
En un escenario fiscal complicado, ¿sería acertado implementar exoneraciones tributarias? La ministra de Economía, Denisse Miralles, tendrá que bailar con la más fea: enfrentar políticamente una propuesta populista —e incluso mercantilista—, fiscalmente insostenible y técnicamente injustificable, por más que provenga del propio presidente.