El Poder Judicial rechazó el recurso presentado por el congresista José Luna Gálvez que buscaba anular la acusación fiscal en su contra, la cual solicita una condena de 22 años y ocho meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. La decisión la tomó el juez Jorge Chávez Tamariz, quien concluyó que la investigación preparatoria ya se encuentra cerrada y que el caso avanza en fase intermedia.
El requerimiento de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada sostiene que Luna Gálvez, fundador y líder de Podemos Perú, habría encabezado una organización dedicada a manipular la inscripción y el funcionamiento de partidos políticos mediante el copamiento de entidades clave del sistema electoral. El Ministerio Público plantea que la estructura operó desde 2014 y mantuvo su influencia hasta concretar la inscripción de Podemos Perú en 2018.
La defensa de José Luna Gálvez fundamentó su recurso en la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, planteando que la Fiscalía desconoció el mecanismo de antejuicio y el levantamiento de inmunidad parlamentaria previsto en la Constitución Política del Perú. No obstante, el juez Chávez Tamariz desestimó este argumento y señaló que la solicitud resultaba “extemporánea y carente de objeto procesal actual” porque el caso ya ingresó en etapa intermedia, lo que impide retroceder a una fase ya superada.
De acuerdo con el expediente fiscal, la acusación no se limita a Luna Gálvez. También involucra a 18 personas adicionales, entre ellas su hijo José Luna Morales, exasesores electorales y exconsejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El documento del Ministerio Público señala que la organización habría logrado beneficios económicos ilícitos mediante aportes, tráfico de influencias y manipulación de cargos en el sistema electoral. A todos los implicados se les atribuyen delitos de organización criminal, cohecho activo y pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Uno de los ejes de la investigación es la supuesta injerencia directa en la designación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a partir de pagos realizados por la universidad Telesup, fundada por Luna Gálvez. El objetivo, según la Fiscalía, era apartar a autoridades que obstaculizaban los intereses de la red, facilitando el nombramiento de funcionarios afines y asegurando la inscripción del partido en trámites que, según la acusación, vulneraron la legalidad electoral.
Además de las penas privativas de libertad, el requerimiento fiscal contempla multas económicas para los investigados y sanciones para las entidades involucradas. Se plantea la imposición de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para la universidad Telesup, el equivalente a unos S/2′775,000 (aproximadamente 730,000 dólares), y 250 UIT, equivalentes a S/1′337,500 (alrededor de 352,000 dólares), para el partido Podemos Perú. Entre las medidas restrictivas propuestas se solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses para diez de los procesados.
En paralelo, el líder de Podemos Perú también enfrenta una investigación por presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S. al partido político Solidaridad Nacional durante las campañas electorales de 2011 y 2014.