El juicio oral contra el golpista expresidente Pedro Castillo finalizará este mes tras más de 8 meses de sesiones. A inicios de diciembre podría conocerse la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema respecto a si decide condenar al exmandatario por rebelión o, en todo caso, conspiración para la rebelión.
Esta semana continuaron los alegatos finales. De momento, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado sustentaron su pedidos de prisión efectiva y reparación civil, respectivamente. A su turno, las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Castillo hicieron lo suyo: solicitaron la absolución de sus clientes.
Únicamente falta que haga su alegato final la defensa de la expremier Betssy Chávez, la misma que se efectuará este martes 18. Se tenía previsto que lo haga el abogado Raúl Noblecilla, pero este renunció. La defensa de la prófuga la asumió el defensor público Julio César Guzmán Cisneros.
La Sala Penal Especial dispuso que Guzmán Cisneros sea el último en la ronda de alegatos finales para garantizar el derecho a la defensa de la exjefa del gabinete.
El tribunal indicó que este mismo día, el martes 18, iniciarán las autodefensas de los acusados, es decir, sus últimas palabras antes de conocer la sentencia.
Las autodefensas podrían extenderse hasta las sesiones del jueves 20 y viernes 21. Extraordinariamente hasta la semana del 24 al 30 de noviembre si es que se presenta alguna nueva incidencia, tal como ocurrido durante el transcurso de todo el juicio.
Una vez todos los acusados hayan realizado su defensa material, el tribunal dará por cerrado el debate y fijará fecha y hora para dar a conocer su fallo. Así, la primera semana de diciembre los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez estarían dando a conocer la sentencia.
Los penas pedidas
La Fiscalía reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, atribuyéndole los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad.
En caso de que el tribunal opte por condenar por conspiración en lugar de rebelión, la pena solicitada se reduciría a 19 años y 30 días de prisión, precisó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante la exposición de los alegatos finales.
Esta recalificación también afectaría a otros acusados, como el expremier Aníbal Torres, la ex primera ministra asilada en México Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y el general PNP Manuel Lozada Morales, para quienes se pide 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel en el escenario de conspiración.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema había señalado previamente que, tras la evaluación de las pruebas, existe la posibilidad de desvincularse de la acusación por rebelión y considerar los hechos como conspiración para la rebelión, lo que implicaría una reducción de las penas propuestas.
En la acusación original, la Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Torres debido a su edad y 25 años para Chávez y Huerta por el delito de rebelión. El fiscal Casaverde sostuvo que las pruebas demuestran la “plena convicción” de Castillo y sus coacusados de alterar el orden constitucional, y concluyó su intervención citando a Juan Domingo Perón: “La fuerza es el derecho de las bestias. Pero lamentablemente, al momento de evolucionar, nosotros debemos de cambiar esa historia. Y esa historia debe ser erradicada a través de una decisión prudente, sensata y constitucional que nosotros invocamos, señores jueces supremos”.