Una serie de audios atribuidos a Iván Paredes, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo vinculan con el presunto pedido de una coima para excarcelar a Marcos Quispe Riveros, expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.
La suma involucrada alcanza los 80.000 soles, monto que la familia del recluso reclamó sin obtener respuesta. El caso está en investigación por la Fiscalía de Anticorrupción de Lima.
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Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, Paredes fue citado al proceso al menos en cuatro ocasiones, sin presentarse ante las autoridades. “Si no tiene responsabilidad, que lo demuestre. Tenemos que respetar las leyes”, afirmó José Carlos Rivera, abogado de la denunciante Adela Guamancusi, esposa del exagente policial.
En las grabaciones una voz identificada como la del jefe del INPE indica: “Le voy a depositar en su cuenta para empezar 500 dólares”. La otra parte reclama que cumpla su palabra: “Doctor, espero que cumpla su palabra, porque usted lo prometió, doctor”.
Otro registro presenta el siguiente intercambio: “Escúchame, entre doce y una, se está depositando el dinero y yo para que usted vea, ¿ya, señora? Doce y una es la tarde, los quinientos dólares los está depositando, ¿ya?”. El dinero nunca llegó a las manos de la denunciante.
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La defensa de la familia presentó al Ministerio Público más de diez grabaciones como pruebas y solicitó una pericia fonética forense para identificar la voz en las grabaciones. Además, relató que ha recibido amenazas (“No sabes con quién te has metido, puedes terminar presa igual que tu esposo”).
Paredes no respondió a los pedidos de declaración de Cuarto Poder, al igual que la oficina de prensa del INPE.
El caso
En septiembre, Huamancusi relató que pidió asistencia legal para el proceso de su esposo en prisión. “Le dije que tenía 20 mil dólares más 10 mil soles y me respondió que no había problema, pero después tendría que agregar más (hasta completar 25 mil dólares)”, declaró al dominical.
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El expediente fiscal indica que el dinero se entregó en abril de 2019, en un edificio de Lince donde funcionaba el estudio jurídico de Paredes. Al pedir un recibo, recibió una respuesta airada, de acuerdo con ese testimonio: “Señora, ¿cómo le voy a dar recibo? Si desconfías, recoge tu dinero y que se pudra tu esposo”. Huamancusi se retiró y delegó el caso a su abogado.
La defensa de la denunciante sostiene que Paredes no asumió la representación ni realizó gestión alguna. Frente a estos hechos, el Ministerio Público derivó el caso a la fiscalía especializada al identificar indicios de tráfico de influencias y posible estafa por servicios no prestados.
El informe periodístico también reveló la existencia de al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales abiertas contra el jefe penitenciario. Entre los antecedentes figuran episodios de conducción bajo efectos del alcohol, resistencia a la autoridad y accidentes de tránsito.
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Además, en 2023, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó con un año de inhabilitación profesional. El Poder Judicial anuló esa medida por vicios de forma, pero el proceso ético sigue pendiente.
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