El golpista expresidente Pedro Castillo retiró a su abogado Hugo Yataco Pérez en plena audiencia del juicio oral por el golpe de Estado, quien había sido acreditado solos horas antes para sustentar una maniobra con el objetivo de dilatar la inminente sentencia donde se determinará si es condenado por rebelión.
Yataco Pérez ingresó a la audiencia para sustentar un pedido para que se anule todo lo actuado por el juicio por una supuesta falta de competencia de los jueces y fiscales. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema indicó que resolvería el pedido al momento del fallo final.
Después de ello, Pedro Castillo manifestó que subrogaría al referido letrado para no “exponerlo”. Sin embargo, esto fue una estrategia. Desde un inicio el golpista dijo que el abogado únicamente lo representaría para fundamentar el pedido de nulidad.
“Una vez más, debo hacer público de que durante todo este proceso, y a partir del 4 de marzo, he venido sosteniendo que mis derechos siempre han sido vulnerados, tanto como presidente y como ciudadano. Por esa razón, habiendo escuchado la claridad de los argumentos de mi defensa y viendo de que siguen siendo vulnerados mis derechos, no quiero más exponer al abogado que el día de hoy he acreditado. Por lo tanto, lo subrogo en este momento”, dijo Pedro Castillo.
Así, la defensa de Castillo Terrones seguirá a cargo del defensor público del Ministerio de Justicia, Ricardo Hernández, quien lo ha defendido desde el inicio del juicio oral debido a que el expresidente se ha negado a acreditar un abogado particular.
Piden anular juicio
Pedro Castillo presentó una nueva estrategia en el tramo final del juicio por el fallido golpe de Estado, al acreditar al abogado Hugo Yataco Pérez y solicitar la anulación total del proceso. El exmandatario enfrenta la posibilidad de una condena de 34 años de prisión por rebelión, o una pena menor si se le encuentra culpable de conspiración.
El argumento central de la defensa es que no se habría cumplido con lo dispuesto en el Código Procesal Penal respecto a la conformación de la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. No obstante, estos planteamientos ya fueron rechazados en instancias previas, incluida una reciente audiencia de apelación sobre la cesación de prisión preventiva, donde el tribunal supremo declaró infundada la impugnación.
Durante la referida audiencia de cese de prisión preventiva, Pedro Castillo insistió en que fue destituido de manera irregular y que aún debería ser reconocido como presidente constitucional. Afirmó que su situación representa el “abuso de todos los abusos” y sostuvo que existen “nuevos elementos de convicción” que justificarían su excarcelación, entre ellos las “más de 70 sesiones de este juicio oral, donde no se ha podido probarme que estoy acá detenido por un alzamiento armado y por haber cometido el delito de rebelión”.
El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde señaló que tanto la Sala Suprema Penal Permanente como el Tribunal Constitucional han emitido pronunciamientos que desestiman los argumentos de la defensa de Pedro Castillo.