En plena vigencia del estado de emergencia, José Jerí, presidente de la República, encabezó la madrugada del sábado el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I.
La medida refuerza la política penitenciaria de contención para los reclusos vinculados con delitos de sicariato, extorsión, homicidio calificado, secuestro y robo agravado.
Según datos oficiales, la iniciativa contó con la supervisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.
El procedimiento, liderado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a 50 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), terminó sin incidentes, según subrayaron fuentes institucionales.
La medida se implementa en un contexto de alta tensión en Lima Metropolitana y Callao, donde durante 30 días rige un amplio dispositivo de control para contener delitos violentos y asegurar la autoridad estatal sobre el sistema penitenciario.
En el nuevo espacio, habilitado para alojar hasta 168 personas bajo un régimen cerrado especial, los reos trasladados provienen de recintos como Castro Castro y otras zonas internas de Ancón I.
Entre los nombres destacados figuran Jhon Jairo Arancibia, vinculado a la banda criminal Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, señalado cabecilla de una red delictiva dedicada a extorsiones y ataques armados.
Condiciones del nuevo régimen para internos de máxima peligrosidad
El ministro Martínez detalló que los reclusos desplazados cumplirán un protocolo estricto de aislamiento. El régimen ordena su encierro por 22 horas diarias en celdas sin enchufes ni acceso a conexiones eléctricas, limitando cualquier intento de comunicación que pueda facilitar acciones ilícitas desde el interior.
Las salidas al patio se permiten solo dos horas al día, restringiendo además el tránsito por pasadizos y escaleras para reducir al mínimo el contacto entre internos. Las visitas familiares se restringen a una vez cada 15 días, elevando el control sobre posibles nexos externos.
En palabras del ministro recogidas por Agencia Andina, “a los internos de alta peligrosidad se les aplicará el régimen más endurecido”.
Este enfoque, conocido también como “apagón eléctrico”, busca limitar la operatividad de organizaciones criminales que funcionan como extensiones carcelarias de bandas delictivas. Durante recientes operativos en penales limeños, se incautaron chips, teléfonos celulares y armas blancas, lo que evidenció la persistencia de redes delictivas internas.
El presidente del INPE, Iván Paredes, explicó que los sentenciados en esta acción enfrentan penas de entre 18 y más de 30 años.
Dentro del módulo de extrema seguridad, el monitoreo incluye la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo para garantizar protocolos de derechos humanos y trazabilidad en todas las fases del proceso.
Este modelo, informaron desde el Ministerio de Justicia, se extenderá a otros recintos penitenciarios del país en próximas fases, sumando a la red nacional de penales bajo medidas especiales de vigilancia.
La directiva presidencial señala que la estrategia pretende impedir la continuidad de redes de extorsión y acciones criminales que, según reportes policiales y fiscales, se gestionan desde los penales.