El atentado registrado durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos marcó un punto de quiebre en la política peruana y derivó en la vacancia de Dina Boluarte, quien hasta ese momento había resistido múltiples crisis derivadas de protestas y episodios de violencia.
La noche del miércoles 8 de octubre, disparos interrumpieron la presentación del conocido grupo norteño, provocando escenas de pánico entre cientos de asistentes. Asimismo, se confirmó que cuatro integrantes estaban heridos, lo que recordó el ataque contra Armonía 10 y acabó con la vida de Paul Flores.
La reacción ante este hecho se tradujo de inmediato en el ámbito político. El Congreso de la República del Perú le pedía explicaciones al Ejecutivo sobre las acciones que estaban realizando.
Diversos artistas se manifestaron sobre la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú, lo que evidencia que no solo un sector de la sociedad se ha visto afectado. Horas antes, se realizó un paro de transportistas en respuesta a la ola de extorsiones de la que son víctimas. Pese a ello, Dina Boluarte minimizó la situación y pidió a los gremios reflexionar para que no salieran a marchar, argumentando que solo perjudicaría sus ingresos, declaraciones que fueron rechazadas por conductores y cobradores.
Ante este contexto, el Gabinete Ministerial fue citado para brindar detalles sobre sus acciones. Se presentaron el entonces premier Eduardo Arana y el ministro del Interior, Carlos Malaver. Para el Parlamento, las explicaciones fueron insuficientes, por lo que se convocó una sesión extraordinaria a las 21:00 para discutir las cuatro mociones de vacancia contra la presidenta.
Tras la aprobación, Boluarte fue citada para acudir a las 23:30 con su abogado y ejercer su derecho a la defensa, lo que nunca ocurrió, ya que prefirió grabar un mensaje. Mientras tanto, el Congreso logró reunir los votos suficientes para declarar la vacancia.
Muertes en Puno
En años anteriores, Dina Boluarte se mantuvo en la presidencia mientras se producían manifestaciones y se reportaban muertes en varias regiones del país. La entonces mandataria siempre salía al frente para reafirmar que su renuncia no se daría.
La llegada a Palacio de Gobierno fue luego del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Sin embargo, Boluarte era rechazada en diversas partes del país que pedían su renuncia desde aquel 7 de diciembre de 2022.
El 9 de enero de 2023, Juliaca, en Puno, se convirtió en escenario de una de las jornadas más violentas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Ese día, 17 civiles murieron y decenas resultaron heridos durante la represión policial y militar. Entre las víctimas hubo menores de 16 y 17 años.
En julio de 2023, se presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros funcionarios de alto rango, lo que representó un giro en las investigaciones sobre los hechos de Juliaca. A pesar de ello, las familias no encontraron justicia hasta el momento.
Sobre la exjefa de Estado pesan 11 investigaciones, por lo que el fiscal de la Nación señaló que solicitará un impedimento de salida del país.