El Congreso de la República aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley N.° 32441, que establece un marco normativo único para las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA). La norma sustituye a los antiguos Decretos Legislativos 1012, 1224 y 1362, unificando criterios para brindar seguridad jurídica a los inversionistas y claridad a las entidades públicas en todos los niveles de gobierno.
De acuerdo con especialistas, la disposición significa un cambio estructural en la forma de regular la participación del sector privado en infraestructura y servicios. “Su principal valor es que ordena y actualiza reglas que estaban dispersas, fortaleciendo el rol del Estado como garante del interés público”, explicó José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados.
Validez de contratos previos bajo la nueva norma
Uno de los puntos centrales de la Ley es que todos los contratos firmados con anterioridad bajo las modalidades de APP y PA seguirán vigentes, pero automáticamente se regirán por el nuevo marco legal. Esto elimina la necesidad de renegociaciones o adendas, un aspecto que, según especialistas, otorga mayor estabilidad a las inversiones ya comprometidas.
En la práctica, esta disposición garantiza que no habrá retrocesos ni incertidumbre para proyectos en ejecución, mientras se asegura la continuidad bajo reglas más claras y centralizadas. “Es una señal de estabilidad y continuidad que los inversionistas valoran, porque minimiza riesgos políticos y contractuales”, destacó León.
Entrada en vigencia y plazos del reglamento
Aunque la Ley 32441 ya fue publicada, su aplicación plena se dará tras la aprobación del reglamento, cuyo plazo máximo vence el 16 de noviembre de 2025. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de elaborar el documento y coordinar con las entidades de los tres niveles de gobierno.
Algunas disposiciones específicas, como el artículo 12 y varias disposiciones complementarias, entraron en vigor desde el 17 de septiembre de este año. Sin embargo, la reglamentación será clave para definir criterios técnicos y procedimientos de supervisión. “Ahí veremos cómo se aplicarán en la práctica las modalidades de contrato y los mecanismos de fiscalización”, subrayó León.
APP y Proyectos en Activos
La norma precisa que las APP son contratos de largo plazo entre el Estado y uno o más inversionistas privados para garantizar servicios de infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada e innovación tecnológica. Estas alianzas podrán implementarse mediante concesiones, contratos de operación y mantenimiento, gerencia u otras modalidades reconocidas por ley.
Por su parte, los Proyectos en Activos permiten que inversionistas privados participen en el aprovechamiento de bienes estatales —como terrenos, inmuebles o instalaciones— mediante cesión en uso, arrendamiento, usufructo o superficie. Según especialistas, este mecanismo amplía las posibilidades de inversión sin afectar el interés público.
Impacto económico y reducción de la brecha social
El Ministerio de Economía y Finanzas estima que, con la entrada en vigor de la nueva ley, se podrán viabilizar más de USD 30.000 millones en proyectos de infraestructura en los próximos años. Solo entre 2025 y 2026 se proyecta adjudicar alrededor de 80 proyectos por un total de USD 16.000 millones.
Estas cifras son especialmente relevantes considerando que el país enfrenta una brecha de infraestructura social cercana a USD 150.000 millones. En 2024, los proyectos adjudicados bajo las modalidades de APP y PA sumaron USD 8.956 millones, casi cuatro veces más que en 2023.
Atracción de inversión
El Perú ha reforzado en los últimos años su atractivo como destino para la inversión en infraestructura. El reporte Infrascope 2023/24 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubicó al país en el quinto lugar entre 26 naciones de América Latina en preparación y sostenibilidad de proyectos APP, con una puntuación de 65,2 sobre 100.
Con la Ley 32441, el Gobierno busca consolidar esta posición y dar mayor seguridad jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, analistas advierten que el éxito de la norma dependerá en gran medida de una reglamentación clara y de la capacidad técnica de las entidades públicas para gestionar proyectos complejos.