El congresista de Somos Perú, Paul Gutiérrez, presentó el proyecto de ley 12410 para crear el Sistema Nacional de Alimentación Escolar (SNAE) como política pública integral y obligatoria. El objetivo indica, es garantizar la provisión universal, gratuita, oportuna, suficiente, nutritiva, inocua, culturalmente pertinente y de alta calidad, en todas las instituciones educativas públicas del país.
En este caso, el ente rector sería el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Su labor será fijar lineamientos técnicos, nutricionales, sanitarios, de trazabilidad y de gestión. Sin embargo, tendría que responder ante el Congreso de la República sobre el cumplimiento de metas.
Como se sabe, el Midis extinguirá el programa Wasi Mikuna, luego de las denuncias por consumo de alimentos en mal estado. En ese sentido, se declaró en emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y hasta entonces se ha dispuesto el cumplimiento de diversas medidas.
El nuevo Consejo Nacional
También se tendría que crear el Consejo Nacional de Alimentación Escolar como órgano de consulta, cuyos acuerdos serían vinculantes. Este, estaría conformado por representantes de las siguientes instituciones:
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud
- Ministerio de la Producción
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- Contraloría General de la República
- Defensoría del Pueblo
- Gobiernos regionales
- Municipalidades
- Colegios profesionales
- Asociaciones de padres de familia
- Organizaciones de la sociedad civil
- Representantes estudiantiles
Financiamiento
Para financiar este programa, se dispone de crear el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar, que será intangible, autónomo y multianual. Esto significa que no se podrá utilizar sus recursos para fines distintos, bajo responsabilidad penal de los funcionarios. El presupuesto saldría de las siguientes fuentes:
- Asignaciones específicas del Presupuesto General de la República, no menores al 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.
- Recursos provenientes del canon y regalías mineras, gasíferas e hidrocarburíferas, con un mínimo del 2% de dichos ingresos.
- Tributos específicos a productos no saludables, como bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, cuyo destino será íntegramente asignado al Fondo.
- Cooperación internacional, donaciones y aportes de organismos multilaterales.
- Recursos provenientes de convenios y alianzas público–privadas reguladas por el Estado, con prohibición de que estos comprometan la gratuidad del servicio.
Las sanciones que se impondrían
De acuerdo al proyecto de ley, los proveedores que entreguen alimentos adulterados, contaminados, falsificados, vencidos, no aptos para el consumo humano o que contengan sustancias nocivas para la salud, previo proceso disciplinario serán inhabilitados para contratar con el Estado en cualquier nivel de gobierno. También incluye una denuncia penal.
En el caso de los funcionarios y servidores públicos que, permitan, encubran o toleren la adquisición, almacenamiento, distribución o entrega de alimentos que pongan en riesgo la salud de los escolares, serán castigados con:
- Destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período no menor de diez años.
- Responsabilidad penal por delitos contra la salud pública, colusión, negociación incompatible o corrupción de funcionarios, con agravantes específicas por tratarse de programas sociales dirigidos a menores de edad.
- Responsabilidad civil por los daños ocasionados al Estado y a las víctimas.