Un informe del Congreso y el propio titular de la entidad consideraron que la expremier Betssy Chávez está impedida de laborar como asesora debido a su condición de parlamentaria suspendida. Sin embargo, su abogado Raúl Noblecilla adelantó que insistirán en su contratación en el despacho del legislador Roberto Sánchez.
La defensa legal de la exintegrante del gabinete ministerial de Pedro Castillo manifestó la decisión de luchar por el derecho al trabajo de su patrocinada. Incluso, consideró que la negativa institucional solo responde a una especie de temor a su persona. “Vamos a luchar por otro de sus derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo. Cumple con todos los requisitos para ser una asesora de un despacho congresal, pero acá lo que hay que reconocer es el miedo que le tienen”, manifestó en entrevista con RPP.
Dichas declaraciones se dan luego de que el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) expresara públicamente su interés por contratarla como “Asesora II” en su despacho, con un sueldo de entre S/10 mil y S/ 15 mil, y se conociera la opinión del jefe del Área de Asesoría Laboral del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, la cual concluyó que la exministra Betssy Chávez permanece imposibilitada de asumir otra función pública en el Parlamento debido a su condición de congresista suspendida.
“De acuerdo con los efectos jurídicos de la suspensión, entendemos que la señora Betssy Chávez no puede ejercer sus funciones como congresista en tanto dure el proceso penal; pero debemos señalar que dicha suspensión no tiene como efecto que haya perdido la calidad de congresista. Es decir, no se encuentra desaforada y siendo incompatible la condición con el ejercicio de cualquier otra función pública, [...] resulta ser un impedimento para ser contratada”, expone el informe firmado por Jaime González, al que accedió Infobae Perú.
Consultado al respecto, Roberto Sánchez indicó a medios que no ha recibido una notificación formal con los argumentos legales que descartan la designación de Chávez, por lo que evitó pronunciarse. “Voy a esperar la notificación para poder responder adecuadamente”, aseguró.
Agregó que analizará los fundamentos legales antes de insistir en el tema y que priorizará la recuperación de salud de la exministra, quien fue dada de alta el 8 de septiembre tras una huelga de hambre durante su reclusión en el penal de Chorrillos.
“Voy a esperar que me notifiquen para poder responder adecuadamente, en este momento no me han notificado nada a mi correo ni a mi despacho. (¿Van a insistir en el tema?) Vamos a leer cuáles son los argumentos para poder pronunciarnos, en estos momentos, no me han notificado”, manifestó.
Por su parte, el presidente del Congreso, José Jerí, ya había opinado que la incorporación de Chávez para ejercer funciones en el Parlamento no tiene sustento legal porque no ha perdido su condición de congresista, a pesar de estar suspendida. “No se puede porque ella tiene la figura de congresista electa en condición de suspendida, no ha sido desaforada. En consecuencia, no puede ser contratada por el mismo Congreso. Para nosotros como Congreso no procede la contratación acá”, zanjó ante la prensa.