El congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley destinado a prohibir la adquisición de vehículos de alta gama por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas, los ministerios del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. La iniciativa parlamentaria surge tras las críticas por recientes compras de camionetas y automóviles de lujo destinadas a altos mandos policiales y busca fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Propuesta establece que las entidades mencionadas no podrán adquirir vehículos cuyo precio supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), ni optar por marcas y características consideradas suntuarias y no funcionales para la labor institucional. El texto normativo abarca expresamente a la PNP, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, los ministerios, sus entidades vinculadas y el Parlamento Nacional.
De acuerdo con el proyecto, solo se exceptuarán de la prohibición aquellas adquisiciones de vehículos blindados para el traslado de dignatarios en misiones diplomáticas y vehículos técnicos especiales necesarios para operaciones tácticas o misiones de alto riesgo, siempre y cuando cuenten con autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. La Contraloría, además, será el órgano encargado de fiscalizar “en tiempo real” las adquisiciones, mientras que el Ministerio de Economía deberá validar que el gasto es necesario y proporcional a la función.
Las compras contrarias a la norma serán nulas de pleno derecho y quienes incumplan incurrirán en faltas administrativas, civiles y penales. El Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 60 días para reglamentar la ley si resulta aprobada, y la vigencia será inmediata tras su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
En la exposición de motivos, Burgos Oliveros señala que el propósito de la norma es “prevenir el uso ineficiente de recursos públicos y reforzar la transparencia y la austeridad en el manejo presupuestal del Estado”. El proyecto resalta que las adquisiciones suntuarias “generan un impacto negativo en la confianza ciudadana” y priorizan gastos no esenciales mientras “la población enfrenta necesidades urgentes de seguridad y servicios
La iniciativa legislativa se presenta en un clima de cuestionamiento público tras revelarse que el Comando Policial, bajo responsabilidad del teniente general Víctor Zanabria Angulo, autorizó la adquisición de 168 vehículos por S/17.3 millones, incluidos ocho camionetas Audi para oficiales del nivel más alto, cuarenta camionetas Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla. El proceso, adjudicado a las empresas Euroshop y Autoespar, fue validado por un Comité de Selección y registrado a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Entre los vehículos más costosos figura el Audi Q5, valorado individualmente en S/200.834. Estos modelos fueron asignados directamente a integrantes del alto mando policial, incluyendo al propio comandante general y jefes de Estado Mayor. Según fuentes institucionales, la norma interna de la PNP permite asignar vehículos a partir del grado de coronel, pero no especifica qué tipo de medio de transporte debe comprarse. Especialistas y exautoridades han señalado que “existe un derecho al uso de vehículos oficiales, pero no una obligación de que sean de lujo”.
La compra de estos automóviles de alta gama ocurre en un contexto donde muchas comisarías del país carecen de patrulleros, equipamiento y combustible. El exjefe de la Inspectoría General, general en retiro José Baella Malca, criticó la decisión: “La Policía tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía. Comprar vehículos de alta gama no es una prioridad institucional cuando faltan patrulleros, armas y uniformes en varias regiones”.
Al respecto, el informe parlamentario que acompaña el proyecto de ley señala que, con el presupuesto invertido en los automóviles de lujo para los altos mandos de la PNP, se podría haber adquirido más de 300 motocicletas de patrullaje, unas 200 ambulancias básicas o renovar chalecos antibalas para los policías en campo. La Contraloría General de la República inició una investigación sobre el proceso de compra, alertando sobre posibles irregularidades y afectación al principio de eficiencia en el gasto público.