El expresidente Martín Vizcarra deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva, tras la decisión del juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz. La medida responde al pedido de la Fiscalía en el marco del proceso por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El magistrado concluyó que Vizcarra representa un riesgo de fuga, debido a la falta de arraigo laboral y familiar. Los contratos presentados no demostraron empleo real y sus vínculos en Lima fueron considerados insuficientes. Sus hijos son mayores de edad y el menor reside en Moquegua, por lo que su permanencia en libertad fue cuestionada.
Tras esta decisión, se prevé que Vizcarra sea recluido en el penal de Barbadillo, el centro penitenciario que ha recibido a expresidentes investigados o sentenciados. Aunque no se ha confirmado si compartirá el espacio con Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo, la llegada del exmandatario genera atención sobre las condiciones del penal.
La realidad de Barbadillo ante la llegada de Vizcarra
El penal de Barbadillo se construyó para albergar a expresidentes y originalmente tenía capacidad para dos internos. El primero en ingresar fue Alberto Fujimori, quien permaneció recluido desde 2007 por asesinatos y corrupción, hasta su liberación en 2023 tras decisión del Tribunal Constitucional.
Alejandro Toledo llegó desde Estados Unidos en abril de 2023 para cumplir una sentencia de 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos. Poco antes, en diciembre de 2022, Pedro Castillo ingresó bajo prisión preventiva por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.
Ollanta Humala regresó al penal en abril de 2025 tras ser sentenciado a 15 años por lavado de activos, después de haber estado recluido de manera preventiva entre 2017 y 2018.
Barbadillo se ha adaptado para recibir hasta tres reclusos, especialmente expresidentes, sin comprometer las condiciones de seguridad y operatividad. Sin embargo, con la llegada de Martín Vizcarra, el penal albergaría a cuatro expresidentes —Toledo, Castillo, Humala y Vizcarra—, superando su capacidad oficial en un 133 %. Esto demuestra que las adaptaciones del centro ya no son suficientes para contener la sobrepoblación.
La presión sobre la seguridad, la atención médica y la logística se intensifica. Por ello, la situación pone en evidencia la necesidad de revisar las condiciones de alojamiento y la gestión de los expresidentes recluidos, mientras el penal mantiene su operatividad frente a la saturación.
Penales operan al 143 % de su capacidad
El hacinamiento no afecta solo al penal de Barbadillo. En marzo de este año, la población privada de libertad en el país alcanzó 199.886 personas. De este total, 101.302 cumplen prisión preventiva, detención judicial o sentencias con penas privativas de libertad, lo que representa poco más de la mitad de los internos.
El resto, 98.584 personas, permanece bajo regímenes de medio libre, ya sea semilibertad, liberación condicional o penas limitativas de derechos. Estos datos reflejan que casi la mitad de la población penitenciaria no está recluida en centros cerrados, aunque sigue bajo supervisión del sistema.
El sistema penitenciario dispone de 69 establecimientos, pero las instalaciones no dan abasto. La diferencia entre la capacidad oficial y la cantidad de internos supera las 59,500 personas, es decir, un 143 % de sobrepoblación. Esta situación evidencia que decenas de miles de internos no cuentan con espacio adecuado ni condiciones óptimas de alojamiento.
Dentro de los penales cerrados, 38.080 personas son procesadas y 63.222 están sentenciadas. En los regímenes de medio libre, 28.261 cumplen semilibertad o redención de pena, 65.845 cumplen penas limitativas de derechos y 4,478 siguen medidas alternativas. Estos números muestran la presión constante sobre los centros penitenciarios y la magnitud de la crisis carcelaria en el país.
Pese a la urgencia, TC amplía plazo para atender el hacinamiento
La crisis de hacinamiento en los penales continuó siendo un problema pendiente para las autoridades. En este contexto, el Tribunal Constitucional emitió en mayo de 2025 un fallo que amplía el plazo para que el Poder Ejecutivo atienda la situación, declarando la sobrepoblación como un “estado de cosas inconstitucional” y dejando la responsabilidad de la ejecución al próximo gobierno.
La resolución indica que los centros con mayor saturación deben limitar el ingreso de nuevos internos y aplicar medidas que garanticen la seguridad y operatividad. Además, ordena al INPE y al Ministerio de Justicia presentar informes anuales sobre los avances en la reducción de la sobrepoblación durante los próximos cinco años.
Con la llegada de Vizcarra a Barbadillo, el sistema penitenciario enfrenta aún más presión. La decisión del Tribunal busca asegurar un seguimiento sistemático y visibilizar la situación de miles de internos que permanecen en condiciones críticas, mostrando la magnitud de la crisis carcelaria.