El abandono del Estado peruano en la zona de la triple frontera con Brasil y Colombia -actualmente discutida por el gobierno de Gustavo Petro- tiene a la provincia de Mariscal Castilla (Loreto) como uno de sus puntos más vulnerables en los que domina el narcotráfico y el crimen organizado. En particular, el distrito de Yaraví, en donde se encuentran la Isla Chinería y el distrito de Santa Rosa, cuenta con recursos extremadamente limitados para luchar contra la inseguridad.
Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF), actualmente el distrito de Yaraví, cuenta con un presupuesto de solo S/ 337,169 en la categoría de Orden Público y Seguridad, del cual un 69.9 % ya fue ejecutado hasta el 9 de agosto del 2025.
Además, un informe publicado por La República indica que este distrito en la región Loreto ha visto reducido su presupuesto asignado de S/ 10,2 millones a S/ 6,5 millones solo entre el año 2021 y 2025.
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A esto se suma la poca cantidad de agentes de la Policía Nacional que están encargados de resguardar la seguridad en la zona: apenas 14 policías cumplen sus funciones en la comisaría de Caballococha, la única localidad que cuenta con una en la zona fronteriza de la provincia de Mariscal Castilla.
Recursos limitados contra el narcotráfico
El alférez PNP Renzo Choquepata, quien es el jefe de la comisaría, reveló al medio periodístico cuáles son las condiciones a las que deben enfrentarse para cumplir con su deber: solo 10 agentes dedicados a la investigación criminal, tránsito, violencia familiar, además de solo un bote viejo de hace 30 años que no es capaz de realizar persecuciones y que es el único medio de transporte que les permite ir desde Caballococha hasta Santa Rosa.
La Policía Nacional indicó que en Santa Rosa, los delitos más comunes son el narcotráfico, el contrabando, robo agravado y trata de personas, pero los recursos tan limitados impiden incluso las detenciones. “Cuando hay que trasladar a los detenidos a Caballacocha para las diligencias, muchas veces la ‘chalupa’ no está disponible debido a las frecuentes averías (...) Varias veces nos hemos quedado varados en pleno río Amazonas”.
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Según La República, la instalación de una base del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) para luchar contra el narcotráfico en el Trapecio Amazónico no ha mejorado las capacidades de la PNP para enfrentar a criminales peruanos, colombianos y brasileños.
Uno de los agentes indicó al medio periodístico que sus embarcaciones tampoco son capaces de hacer frente a las que usan los narcotraficantes porque no tienen la misma potencia y tampoco cuentan con una dotación adecuada de combustible. “En una persecución nos llevan de encuentro”, afirmó.
La precariedad de los agentes de la PNP en la zona es tal que incluso servicios básicos como el acceso a internet debe ser financiado por los agentes. “Nuestra situación es tan precaria que nosotros tenemos que pagar el consumo de Internet. Con eso decimos todo”, indicaron a La República.
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