En un país con más de 1,200 homicidios en lo que va del año, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene almacenadas más de 500 cámaras corporales que nunca llegaron a cumplir su función. Los dispositivos, adquiridos por casi S/ 4 millones en 2022 como parte del “Programa Seguro” del Ministerio del Interior, se encuentran inoperativos y sin usar en diversas comisarías, según reveló un reportaje del programa Panorama.
La compra de estos dispositivos —considerados herramientas importantes para reforzar la transparencia policial, recolectar pruebas en operativos e intervenir ante delitos— tuvo un costo de S/ 3 millones 955 mil. Sin embargo, la mayoría permanece dentro de sus cajas originales, almacenadas en dependencias de la PNP de Lima Metropolitana, el Callao y La Libertad.
Una inspección realizada por la Contraloría General de la República a 20 comisarías en estas regiones reveló un panorama preocupante: 75 cámaras seguían guardadas en cajas sin haber sido distribuidas, mientras que otras, si bien fueron asignadas a policías, no estaban siendo utilizadas correctamente debido a la falta de preparación del personal y la ausencia de implementos básicos como chalecos porta-cámaras.
Fallas en el sistema de almacenamiento y uso
Según Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, el problema no es solo que los equipos estén sin uso, sino que no existe un sistema adecuado para procesar y conservar las imágenes generadas por las cámaras. “Estas deben estar conectadas a una plataforma digital que almacene la información, pero eso no está ocurriendo”, advirtió.
De hecho, en las estaciones policiales visitadas, los equipos no contaban con redes operativas para subir las grabaciones, y en varios casos, los sistemas arrojaban errores como “Station connection network disconnected”, dejando en evidencia una compra incompleta o mal implementada.
Entre el polvo y el olvido
Los equipos, adquiridos con cargadores, sistemas de almacenamiento y soporte para transmisión digital, debían ser herramientas de uso diario para los efectivos. En teoría, las bodycam ayudarían a registrar intervenciones ciudadanas, fiscalizar posibles abusos y generar evidencia para el Ministerio Público.
Sin embargo, el informe revela que muchos de estos dispositivos jamás fueron activados. En algunos casos, las cámaras fueron abiertas y luego abandonadas sin instrucciones ni seguimiento. “Muchos de esos aparatos quizá ya no sirvan”, advirtió el reportaje televisivo.
Serenos sí las usan: contraste con municipalidades
Mientras las cámaras de la PNP acumulan polvo, en distritos como San Juan de Lurigancho las bodycam ya son parte del equipamiento habitual de serenos, fiscalizadores y agentes de tránsito. “No pueden apagarlas. Incluso si lo hacen, el GPS sigue funcionando y registra su ruta”, explicó el alcalde Jesús Maldonado, quien subrayó que estas cámaras permiten monitorear intervenciones en tiempo real.
Los dispositivos son usados desde el inicio hasta el final del turno. Cada grabación queda registrada y supervisada por el municipio, mostrando una gestión más eficiente a nivel local.
Mininter responsabiliza a la PNP
Tras ser consultado por la Contraloría, el Ministerio del Interior indicó que su responsabilidad fue únicamente la adquisición de los equipos. Según el informe, la operatividad y uso corresponde exclusivamente a la Policía Nacional del Perú, que hasta el momento no ha ofrecido una explicación oficial al respecto.
El informe ya fue remitido al Mininter y a la PNP para que tomen medidas correctivas inmediatas. Pero a la fecha, no se ha anunciado ninguna acción concreta.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa una práctica común en el Estado: compras millonarias que no se implementan por falta de planificación, capacitación o voluntad política. En este caso, se trató de una inversión que pudo fortalecer la lucha contra la delincuencia, pero terminó archivada —literalmente— en almacenes policiales.