Cadena perpetua para abuelo y padrastro que abusaron sexualmente de niña durante cinco años en Ayacucho

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas estableció el pago de 20 mil soles de reparación civil por cada uno a favor de la víctima

Composición: Infobae Perú

Durante cinco años, una menor fue víctima de abusos sexuales continuos en el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, región Ayacucho. Los responsables eran parte de su entorno familiar más cercano: su padrastro y su abuelo materno, quienes aprovecharon su posición de confianza para agredirla desde que tenía 6 años de edad hasta los 11. La niña fue ultrajada en viviendas particulares, zonas rurales y hasta en la vía pública, sin que nadie advirtiera el horror que vivía en silencio.

El caso fue investigado por la Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas, a cargo del fiscal Khimer Ericson Cauti Chocce. Tras reunir pruebas contundentes, se logró que ambos agresores —Joel Ramos Condori (37) y Lucio Cocche Carrasco (58)— fueran condenados a cadena perpetua por el delito de violación sexual de menor de edad. Además de la pena privativa de libertad, se estableció el pago de 20 mil soles de reparación civil por cada uno a favor de la víctima.

Abusos reiterados en Tacalla y Azabamba bajo amenazas de muerte

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la acusación fiscal, Joel Ramos Condori, padrastro de la menor, cometió los abusos sexuales entre los años 2015 y 2020. Los hechos ocurrieron dentro de dos viviendas distintas y también en la vía pública del anexo de Tacalla, ubicado en el distrito de Chipao. Según las investigaciones, el sujeto utilizaba amenazas constantes para silenciar a la niña, advirtiéndole que atentaría contra su vida si contaba lo ocurrido. Esta situación provocó un severo daño psicológico en la menor, quien permaneció callada durante años por temor a represalias.

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Por otro lado, Lucio Cocche Carrasco, abuelo materno de la víctima, fue hallado culpable de haberla violado entre los años 2015 y 2017, en espacios rurales del anexo de Azabamba, también en Lucanas. El adulto mayor utilizó el vínculo de parentesco para acercarse a la menor y perpetrar los ataques sexuales, incluso cerca de un río cercano a su vivienda. Los hechos ocurrieron en zonas de difícil acceso, lo que dificultó que la comunidad o la familia detectaran el abuso a tiempo.

Con el paso del tiempo, la niña logró encontrar la fuerza para revelar los hechos entre lágrimas a sus familiares. Tras escuchar su testimonio, se presentó una denuncia policial que permitió iniciar el proceso judicial. Las pruebas psicológicas, médicas y testimoniales fueron determinantes para que los responsables recibieran una sentencia de prisión de por vida, marcando así el cierre de una etapa dolorosa en la vida de la menor.

Cómo denunciar una violación sexual

Vista de la silueta de una niña jugando con un peluche, en una fotografía de archivo. EFE/Henry Chirinos

El Perú registró más de 6,600 casos de violación sexual en solo seis meses del año 2025. Así lo reveló un reciente informe emitido por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que detalla una preocupante tendencia de violencia sexual, especialmente contra menores de edad y mujeres.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a disposición de la ciudadanía la Línea 100, un canal gratuito y confidencial que brinda orientación y apoyo a víctimas de violencia familiar y sexual. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, incluidos feriados.

A través de este servicio, las víctimas pueden acceder a:

  • Apoyo emocional inmediato
  • Asesoría legal
  • Derivación a los Centros de Emergencia Mujer

Además de la Línea 100, en situaciones de peligro inminente o urgencia, se recomienda comunicarse con:

  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional del Perú: 105

Las autoridades recuerdan que la denuncia oportuna es un paso fundamental para acceder a protección, tratamiento y justicia. Toda persona tiene derecho a denunciar, sin importar su edad, nacionalidad o condición. Las víctimas también pueden acudir directamente a cualquier sede del CEM, comisaría o centro de salud para recibir atención.

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