El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado con respecto a la excarcelación de John Smith Cruz Arce, conocido como “John Pulpo”, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”.
Este hecho ha desatado una serie de reacciones y críticas, principalmente por parte de la opinión pública y diversos sectores del gobierno, quienes apuntan a un posible error en el manejo del caso.
El INPE explicó que su liberación, que se produjo el pasado 14 de julio, se debió a la aplicación de una normativa vigente relacionada con la redención de pena por trabajo y estudio. Beneficio que se ajusta a lo establecido por el Código de Ejecución Penal desde 2017.
Según la misiva, la institución en mención, en base a la Resolución Directoral N° 001-2025-INPE/ORAP-EPRCE-CHP-D, decidió no otorgar a Cruz Arce la libertad anticipada en relación al cálculo de redención de pena como un día de trabajo por cada seis días cumplidos en prisión.
Sin embargo, pese a la decisión del INPE, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna revocó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus interpuesta por el interno y reformándola, declararon fundada, en consecuencia, declararon nula la Resolución que decidió no otorgar libertad.
Así, se ordenó que se emita una nueva resolución directoral que “contabilice la redención de pena a razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio (2x1) conforme así lo regulaba el art. 44 del Código de Ejecución Penal vigente al momento en que la sentencia condenatoria del interno adquirió firmeza.
“Por ello, una vez notificada la sentencia, mediante Resolución Directoral Nº 006-2025-INPE-ORAP-EP-CHP-D, del 14 de julio de 2025, se dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial”, manifestó el INPE.
“Por tanto, para el cómputo de su pena se utilizó la norma vigente del 2008, fecha en la que fue sentenciado, por lo que, en aplicación del Código de Ejecución Penal y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, corresponde dar por concluida su pena”, continúa el texto.
Ante todo, INPE propuso revisar el procedimiento interno aplicado para asegurar que todo se haya realizado conforme a la ley, velando por la seguridad de la ciudadanía y el buen funcionamiento del sistema penitenciario.
En tanto, desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunciaron que investigará a fondo lo ocurrido y que se tomarán las sanciones correspondientes si se encuentran irregularidades.
El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, confirmó que el Ejecutivo ha tomado conocimiento del tema. “De inmediato, hemos dispuesto al ministro de Justicia que disponga una medida de investigación. Él ya se encuentra con su equipo indagando en el propio INPE y se le ha solicitado un informe”, señaló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, garantizó que se actuará con firmeza si se detectan irregularidades. “Le puedo asegurar que si existe un acto irregular o de corrupción, esta medida será inmediata para sancionar hasta las últimas consecuencias y disponer las medidas correctivas internas”, añadió.
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