La reciente modificación de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha desatado una ola de críticas desde el ámbito nacional e internacional. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de Human Rights Watch, organización que advirtió que la norma, en su forma actual, podría reforzar el encierro permanente de personas con discapacidad, contradiciendo tratados internacionales firmados por el propio Estado peruano.
El artículo en cuestión, el 29.2, fue aprobado por el Congreso de la República el pasado 2 de abril y establece que el Estado “promueve la creación de centros de atención especializada y albergues temporales y permanentes” para personas con discapacidad. Aunque la redacción puede parecer inofensiva, desde la perspectiva de organismos defensores de derechos humanos, esta disposición abre la puerta a encierros de por vida, sin ofrecer alternativas reales para la inclusión en la comunidad ni mecanismos claros de supervisión o autonomía.
“La institucionalización es una de las formas más extendidas de segregación y discriminación contra las personas con discapacidad en toda América Latina. Aunque los datos fiables son escasos, los patrones son claros. Muchas personas con discapacidad permanecen en instituciones durante años — a menudo hasta la muerte —, donde sus vidas son estrictamente controladas, incluyendo cuándo y qué pueden comer, las actividades que pueden realizar y con quiénes se les permite interactuar", se lee en el comunicado de Human Rights Watch.
Organismo internacional pide a Dina Boluarte que vete el artículo 29.2
Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, cuestionó que esta modificación ignora los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado que el Perú ratificó en 2008 y que promueve el derecho de toda persona a vivir de forma independiente y a formar parte activa de su comunidad.
Desde Human Rights Watch explican que, aunque la ley hable de “albergues”, en la práctica estos espacios pueden operar como instituciones cerradas donde los residentes pierden el control sobre sus propias vidas, desde las decisiones más básicas como qué comer, hasta con quién hablar o cuándo salir. En América Latina, según la organización, miles de personas con discapacidad ingresan a estos centros siendo niños y no los abandonan nunca más.
En febrero de 2025, Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) había aprobado una estrategia de desinstitucionalización que buscaba, precisamente, reducir el número de personas viviendo en entornos cerrados. Esta nueva norma iría en sentido contrario. El riesgo, según los especialistas, es que los fondos públicos terminen siendo destinados a construir o mantener centros que refuercen el aislamiento y la segregación social.
La organización internacional ha solicitado directamente a la presidenta Dina Boluarte que observe la ley y vete el artículo 29.2, en un intento por frenar su entrada en vigencia y abrir un debate más amplio sobre los derechos de las personas con discapacidad en el país. “El Perú tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo más digno, pero esta ley es un retroceso”, sostuvo Ríos Espinosa.
Una vida sin libertad: el caso de Mariana y los riesgos de la institucionalización
A lo largo de América Latina, las historias de personas con discapacidad internadas desde temprana edad se repiten con frecuencia. Una de ellas es la de Mariana, una mujer brasileña que quedó ciega en su infancia y fue ingresada a una institución cuando apenas tenía 12 años. Su testimonio fue recogido por Human Rights Watch y revela que, su diagnóstico no requería aislamiento, vivió completamente alejada del entorno social, bajo un sistema que le negó oportunidades básicas como la educación.
Para cuando cumplió 18, Mariana aún no sabía leer ni escribir, tampoco dominaba el sistema braille. Su vida cotidiana, lo que comía, las actividades que podía realizar, las personas con las que podía hablar, eran controladas por completo por otras personas. Su historia refleja un patrón común en la región: personas privadas de autonomía desde temprana edad, bajo la falsa premisa de que estos espacios son necesarios o beneficiosos.