El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, reconoció este jueves que la inseguridad ciudadana afecta directamente el clima de negocios en el país. Afirmó que no se trata solo de un “problema policial”, sino de una amenaza que incide en las decisiones empresariales y en el cierre de comercios a nivel nacional. “Eso no está en discusión”, declaró ante la prensa.
Pérez Reyes aclaró que la situación va más allá de la presencia de delincuentes en las calles. “Es una problemática social, sin duda, que tiene que ser abordada desde una perspectiva policial. Y eso es lo que está haciendo la Policía Nacional (PNP), a través de la política que implementa el Ministerio del Interior”, explicó.
El titular del MEF sostuvo que el Estado ejecuta acciones concretas, especialmente desde el área de inteligencia. “Por obvias razones, esas acciones no se pueden estar difundiendo. El Gobierno y la PNP no pueden explicar sus operaciones de inteligencia para detener el crimen, pero los resultados se reflejan en la frecuencia con la que se desarticulan organizaciones criminales o se detiene a sus miembros”, precisó.
A pesar del contexto, Pérez Reyes señaló que la inversión mantiene un desempeño favorable. “En el primer trimestre, la inversión privada creció 8.8%. No podemos negar el impacto del crimen, por eso la preocupación del Ministerio y el discurso del Primer Ministro ante el Congreso. Afortunadamente, lo que se observa es que la inversión está yendo bien”, comentó.
Advirtió, sin embargo, que el crecimiento económico no debe generar indiferencia frente a la crisis de seguridad. “No podemos decir que como estamos creciendo, no nos preocupemos por la seguridad ciudadana. Hay que mantener ese enfoque”, concluyó.
Sus declaraciones se dieron un día después de la publicación del tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A. El documento reveló datos alarmantes sobre el impacto de la criminalidad en la vida diaria de los peruanos.
Cierres por extorsiones
Según el estudio, el 75% de la población ha experimentado ansiedad o estrés como consecuencia directa de la delincuencia. En Lima, esta cifra alcanza el 89%, reflejando el impacto emocional de vivir bajo constante amenaza.
Además, el 32% de los encuestados en el ámbito nacional indicó que, en los últimos doce meses, se han cerrado negocios en sus barrios debido a la inseguridad. En la capital, uno de cada dos limeños ha visto cerrar tiendas, bodegas, peluquerías o restaurantes por esta causa. “El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, afirmó Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.
“Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”, advirtió.
El reporte también señala que el 36% de los peruanos vive en zonas declaradas en emergencia por inseguridad, siendo Lima la región más afectada, con un 60%. Las extorsiones se han convertido en una de las principales amenazas para los pequeños empresarios. Negocios de transporte, bodegas, colegios e incluso ollas comunes han sido blanco de bandas criminales.
Desde 2018, las denuncias por extorsión se han triplicado, pero la tasa de encarcelamiento ha disminuido. En ese año, el Estado resolvía el 90% de los casos. En 2025, solo el 33.4% de los denunciados ha terminado en prisión. “No estamos logrando avances reales en la lucha contra la extorsión, y las cifras de detenidos lo evidencian. Así, es imposible revertir una tendencia tan extendida”, alertó Carlos Basombrío, exministro del Interior y autor del reporte.
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