Las penas en las unidades de flagrancia no se limitarán a sanciones leves. Podrán ir desde los dos días de prisión efectiva hasta los 35 años o cadena perpetua, de acuerdo con la gravedad del delito. Así lo explicó el juez Carlos Zavaleta Grández, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), al detallar el impacto de la nueva Ley N.° 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
El magistrado señaló que la norma endurece el proceso de determinación de la pena y otorga a estas unidades jurisdicción para tramitar una amplia gama de casos, incluso aquellos considerados complejos. Entre ellos, figuran el feminicidio, el homicidio calificado y el robo agravado.
“El procedimiento no está restringido a delitos menores”, precisó Zavaleta. Añadió que los únicos casos que quedan fuera del sistema de flagrancia son los vinculados al crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. En todos los demás delitos, las unidades tendrán competencia directa para juzgar a personas detenidas en flagrancia.
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El sistema busca reducir los tiempos judiciales, sin excluir la posibilidad de procesar mediante el mecanismo común si el caso lo requiere. Si bien el modelo prioriza la respuesta inmediata, la norma permite que el Ministerio Público solicite prisión preventiva cuando el fiscal necesite ampliar la investigación.
En ese contexto, el juez informó que los procesos comunes también podrán iniciarse desde una unidad de flagrancia, pero no deberán extenderse más allá de 30 días. Esto, comparado con los procesos tradicionales que pueden demorar entre dos y tres años, representa una reducción sustancial en los tiempos de resolución.
Aplicación, reglamento y coordinación interinstitucional
La Ley N.° 32348 establece un plazo de 90 días para aprobar su reglamento. Según Zavaleta, la Secretaría Técnica del Poder Judicial ya trabaja en coordinación con los operadores del sistema para cumplir con este plazo.
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Además del reglamento, cada institución implicada en el sistema de justicia -como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el INPE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía- está elaborando protocolos de actuación específicos para el tratamiento de casos en flagrancia.
El magistrado aseguró que estas acciones permitirán consolidar un modelo interinstitucional en el que cada entidad cumpla una función especializada y exclusiva dentro de las unidades. El objetivo es agilizar los procesos judiciales sin perder rigor procesal ni garantías para los investigados.
En paralelo, se ha anunciado que el próximo 12 de junio se instalará el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. Estará integrado por representantes de todas las instituciones que intervienen en la aplicación del nuevo sistema. Este consejo tendrá un rol clave en la supervisión, evaluación y fortalecimiento de la operatividad del modelo a nivel nacional.
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Justicia rápida frente a la inseguridad ciudadana
El juez Zavaleta también vinculó la implementación del sistema de flagrancia con la lucha contra la inseguridad. En ese sentido, afirmó que este nuevo modelo judicial responde a la necesidad de enfrentar con mayor eficacia los delitos que se producen de manera evidente y cuya respuesta debe ser inmediata.
Indicó que se trata de una tarea conjunta que involucra a todos los componentes del sistema de justicia, no solo al Poder Judicial. Recalcó que el Ministerio de Economía deberá garantizar los recursos suficientes para la sostenibilidad del modelo, considerando que su implementación requiere infraestructura, personal y logística especializada.
Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos regionales y municipales para que colaboren con la cesión de espacios inmobiliarios que permitan instalar nuevas sedes de flagrancia. La prioridad, según detalló, será asignar sedes en zonas con altos índices de criminalidad, donde la población demanda mayor eficacia judicial.
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