El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propuso este lunes que el Ejército intervenga de manera directa en las zonas de La Pampa, en Madre de Dios, y Pataz, en La Libertad, regiones gravemente afectadas por la minería ilegal, donde operan organizaciones criminales y el Estado mantiene una presencia limitada.
“Minería ilegal es delincuencia pura. Por decir, en Madre de Dios hay que entrar por el Ejército. Pero el Ejército no entra porque la señora (Dina) Boluarte no lo empodera”, declaró durante el pódcast conducido por el periodista Giancarlo Granda.
Además, señaló que revisó la Constitución y comprobó que esta permite declarar el estado de emergencia y otorgar al Ejército control político y militar. “Primer ministro, usted tiene en la Constitución la declaratoria de emergencia y darle el control al Ejército. Porque el Ejército sí va a entrar a matar... a matar, eso hay que erradicarlo”, afirmó.
También advirtió sobre el riesgo personal que asume al pronunciarse sobre este tema. “Yo sé que esto puede significar mi muerte porque estoy enfrentando directamente a esta gente basura que está en Madre de Dios, violando niñas, destruyendo gente, matando la ecología, destrozando nuestro país, envenenando los ríos. Eso va en contra mía completamente. Ninguno de los candidatos te lo va a decir”, agregó.
La Pampa, ubicada dentro del área protegida de la Reserva Nacional Tambopata, ha sido durante años el centro de la minería ilegal de oro en Madre de Dios. Este lucrativo negocio, considerado más rentable que el narcotráfico, ha destruido unas 25.000 hectáreas de una de las selvas con mayor biodiversidad del mundo.
A pesar de las inversiones millonarias dirigidas a expulsar a los mineros ilegales, la situación persiste. El desastre ambiental continúa, mientras la trata de personas, el sicariato y diversas formas de explotación siguen extendiéndose como consecuencias de esta crisis.
López Aliaga aseguró que, en caso de llegar al poder, su partido aplicará medidas contundentes desde el primer día. “En un gobierno de Renovación Popular, entramos con militares. Nos vamos a zampar a todos en una. Yo no estoy jugando. (...) Yo estoy amenazado de muerte hace rato”, declaró.
“Estoy diciendo claramente: entrar a matar a toda esta gente que está en zonas liberadas ligadas a la minería ilegal, o en Pataz mismo. No se puede permitir que pase el explosivo, el químico, la gasolina. No pues. En Pataz hay que poner puntos de control militar que está ligada a partidos políticos, ojo”, siguió.
En otro momento de la entrevista, el alcalde expresó que Boluarte debería considerar la posibilidad de que el Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocida como Pacto de San José, para así permitir la aplicación de la pena de muerte.
Crisis en Pataz
El mes pasado, el programa Cuarto Poder reveló que decenas de mineros informales en Pataz —donde ocurrió una matanza de 13 personas— no solo operan bajo el amparo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), sino que también figuran como afiliados a partidos políticos con aspiraciones electorales.
De los 1.174 mineros registrados con REINFO vigente en la zona, 168 tienen afiliación política activa. El 26,7 % pertenece a Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña. Le siguen Un Camino Diferente (12,5 %), Bicentenario La Libertad (11,3 %), Somos Perú (8,9 %) y Podemos Perú (7,7 %). Varios de los inscritos mantienen deudas millonarias con el Estado.
La provincia se encuentra declarada en emergencia desde febrero de 2024 por el aumento del crimen por parte de bandas asociadas a la minería ilegal. A inicios de mayo, fueron hallados asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa que habían sido secuestrados una semana atrás.
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