La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la reciente modificación a la Ley de Extinción de Dominio. La medida, anunciada este viernes 23 de mayo en entrevista con Nativa, responde a lo que la titular del Ministerio Público considera un debilitamiento de las herramientas legales contra el crimen organizado y la corrupción.
El recurso ya ha sido firmado por la fiscal y se encuentra en proceso de ingreso por mesa de partes del TC. Este cuestiona los cambios introducidos por la norma promulgada el pasado 9 de mayo, al considerar que dejan fuera delitos clave como el lavado de activos y la criminalidad organizada. “Es una ley que no está ayudando para esta lucha”, señaló Espinoza.
Durante su participación en el aniversario institucional del Ministerio Público, Espinoza ya había adelantado su rechazo a esta norma, advirtiendo que podría asegurar e incluso aumentar la impunidad sobre las ganancias ilícitas.
“El Congreso aprobó esta ley y el Poder Ejecutivo no nos escuchó para que llegue a observar dicha aprobación”, afirmó entonces. La fiscal advirtió que la exigencia de una sentencia penal firme para iniciar la extinción de dominio puede demorar, permitiendo que los investigados sigan beneficiándose de bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Delitos fuera del alcance de la norma
La titular de la Fiscalía expresó su preocupación por el hecho de que la nueva versión de la ley no contemple justamente los delitos que más daño vienen causando a la ciudadanía.
Para Espinoza, existen diversas leyes recientemente promulgadas que generan especial preocupación dentro del Ministerio. Entre ellas, destacó como la “más terrible” la modificación a la Ley de Extinción de Dominio, al considerar que debilita severamente la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y criminalidad.
“La criminalidad organizada es la que está detrás de los sicariatos, las extorsiones, y otras prácticas que hoy golpean incluso a los barrios más pobres del país. Esta norma ha dejado fuera justamente esos delitos”, cuestionó Espinoza durante la entrevista.
La fiscal también recordó que esta no es la primera vez que su institución recurre al Tribunal Constitucional ante normas que, a su juicio, vulneran el marco constitucional. Como antecedente, citó la demanda contra la ley que traslada la conducción de la investigación preliminar a la Policía Nacional y otra relacionada con los delitos de lesa humanidad.
Se prepara otra demanda contra la ley que reduce la edad penal
Además del recurso ya presentado, Espinoza anunció que se está trabajando en una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que establece la posibilidad de procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos.
La fiscal sostuvo que esta medida representa una “salida fácil” frente a una problemática social compleja, y advirtió que abrir esa puerta puede generar efectos peligrosos. “¿Qué pasa si más adelante los criminales organizados comienzan a utilizar a niños de 15, 14 o incluso 13 años? ¿Vamos a seguir bajando la edad penal?”, cuestionó.
En su lugar, propuso un abordaje integral enfocado en la prevención. “La respuesta tiene que ir en una política de justicia juvenil restaurativa que también estamos liderando desde el Ministerio Público”, subrayó. Además, reiteró que estas normas no pueden contradecir compromisos internacionales asumidos por el país.
En tanto avanza la elaboración de este nuevo recurso, el Ministerio Público mantiene su postura firme contra lo que considera retrocesos en el marco legal que ampara la lucha contra el crimen. Espinoza reafirmó que continuará utilizando las herramientas constitucionales disponibles para frenar normas que, desde su perspectiva, debilitan al Estado frente a la criminalidad.