El Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6215/2023-CR, que propone una nueva Ley de Nacionalidad. La iniciativa recibió un respaldo total de 67 votos a favor. El documento pasará a una segunda votación después de siete días calendario, como parte del procedimiento legislativo habitual.
Este proyecto se ha discutido bajo la presidencia del congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien también es el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Rospigliosi presentó a los legisladores los objetivos clave del proyecto, subrayando la necesidad de una legislación interna que no solo mejore y actualice las normas en temas de nacionalidad, sino que también contribuya a la protección integral de los derechos humanos. Asimismo, destacó que estas actualizaciones son cruciales para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional del Perú.
Derogación de la Ley de Nacionalidad anterior
Una de las principales implicaciones de la nueva propuesta legislativa es la derogación de la Ley 26574, también conocida como la Ley de Nacionalidad vigente hasta el momento. Esta medida busca sustituir el marco legal actual por una normativa que, según sus proponentes, está más alineada con las necesidades y desafíos modernos del Perú en el ámbito de la nacionalidad.
Fernando Rospigliosi subrayó que la derogación es una parte esencial de este proceso de reforma, resaltando que permite alinear la legislación nacional con las disposiciones tanto constitucionales como supranacionales que el Estado peruano ha ratificado. Esto, en su opinión, no solo es una cuestión de modernización legal, sino también de coherencia con el marco internacional en el que el país se encuentra inmerso.
Objetivos de la reforma
La creación de un régimen jurídico claro y eficaz para los trámites relacionados con la nacionalidad peruana es uno de los objetivos primordiales de esta nueva medida. Lady Camones, parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) y autora principal del proyecto, explicó que la normativa busca establecer mecanismos de control más estrictos para la nacionalización de extranjeros que residen en el país.
Según Camones, este control es necesario para garantizar que el proceso de obtención de la nacionalidad peruana sea riguroso, asegurando que quienes se conviertan en ciudadanos peruanos contribuyan positivamente al desarrollo económico de la nación.
Según la propuesta, uno de sus objetivos es hacer al país un destino atractivo para aquellos extranjeros que pueden generar ingresos y promover el crecimiento económico. Asimismo, asegura que los procedimientos de obtención, recuperación y renuncia a la nacionalidad sean transparentes y sigan las disposiciones constitucionales y supranacionales vigentes.
¿Cuáles serían los nuevos requisitos?
Bajo esta nueva ley, se han establecido varios requisitos que los extranjeros deben cumplir si desea obtener la nacionalidad peruana. Una de las principales condiciones es que el solicitante demuestre capacidad jurídica plena para el disfrute de sus derechos conforme a las disposiciones del Código Civil peruano. Este requisito garantiza que los nuevos ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y obligaciones dentro del país.
Además, los solicitantes deben acreditar el ejercicio de alguna profesión, arte, oficio, actividad empresarial u otra actividad que les permita generar ingresos anuales de al menos 10 unidades impositivas tributarias (UIT). Esta medida está diseñada para asegurar que los nuevos ciudadanos puedan sostenerse económicamente y contribuyan al sistema fiscal del país.
Finalmente, otro de los requisitos cruciales es demostrar un periodo de residencia migratoria continua e inmediata de al menos cinco años en el Perú antes de la presentación de la solicitud. Esta disposición busca asegurar una integración efectiva del extranjero en la sociedad peruana y un compromiso con la cultura y valores del país.
Estos requisitos, que representan un endurecimiento significativo respecto a la legislación anterior, buscarían fomentar un proceso de nacionalización robusto y equilibrado, alineado con los intereses nacionales y la creciente demanda de seguridad económica y social en el contexto global.