El juicio que enfrenta el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 continúa. En la última audiencia, el abogado defensor de Castillo, Ricardo Hernández, reconoció que el mensaje golpista emitido por su cliente fue inconstitucional, pero rechazó que dicho acto constituya un delito de rebelión.
El abogado Ricardo Hernández explicó que el mensaje de Castillo, en el que anunciaba la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, fue un acto político, aunque inapropiado desde el punto de vista constitucional. En sus palabras: “Se trató de un acto político, no de un delito de rebelión”.
“Si bien la Nacional de Justicia califica el acto como un golpe de Estado, esta valoración es política y constitucional desde la perspectiva de la defensa. En términos probatorios penales, lo que se demuestra es una respuesta a un acto inconstitucional, pero no necesariamente que el acto inicial, es decir, el mensaje, reúna por sí mismo todos los elementos del delito de rebelión”, expresó el letrado.
El abogado también argumentó que, al no haber existido un alzamiento armado ni el uso de violencia, no se reúnen los elementos necesarios para considerar el mensaje como un acto constitutivo de rebelión, tal como lo estipula el derecho penal.
Fiscalía: mensaje transgrede el orden constitucional
El fiscal adjunto supremo, Edward Casaverde, se mostró en desacuerdo con la defensa de Castillo. Durante su intervención, sostuvo que el mensaje del expresidente representó una clara transgresión al orden constitucional.
El fiscal argumentó que el acto de disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia eran un intento claro de ruptura democrática.
A pesar de que, según la defensa, esta calificación de la JNJ es una valoración política y no penal, Casaverde señaló que esa misma reacción institucional refuerza el impacto de la acción presidencial en el orden constitucional. Según el fiscal, “la reacción inmediata del Estado es prueba de la falta de respaldo de la fuerza pública al mensaje presidencial”, indicó.
PJ rechaza solicitud de prisión preventiva
En paralelo al juicio por el golpe de Estado, la defensa del exjefe de Estado solicitó el cese de la prisión preventiva y propuso sustituirla por una comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó dicha solicitud.
No obstante, el recurso fue rechazado por el Porder Judicial. Los jueces argumentaron que persisten riesgos significativos que justifican la continuación de la prisión preventiva. Entre estos riesgos, destacaron el riesgo de fuga, dado que, tras anunciar el golpe de Estado, Castillo intentó asilarse en la Embajada de México en Lima.
Motivos para rechazar cese de prisión preventiva
El Poder Judicial también explicó que el delito de rebelión, por el cual Castillo está siendo procesado, tiene una pena superior a los ocho años, lo que excluye la posibilidad de aplicar la medida de vigilancia electrónica.
Esta medida está prohibida en delitos con penas mayores a este umbral, como lo establece el Decreto Legislativo 1322. En su resolución, los jueces destacaron que “la medida coercitiva en cuestión ya estaba en vigor cuando ese delito se habría perpetrado, por lo que no cabe aplicación retroactiva alguna”, se lee en el documento.
Además, se resaltó que el proceso judicial de Castillo ya se encuentra en su fase de juicio oral, lo que hace inaplicable la solicitud de la defensa para retroceder a la etapa de investigación preparatoria.
Situación de Pedro Castillo
Pedro Castillo no solo enfrenta el juicio por el intento de golpe de Estado, sino que también está involucrado en diversas investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción. Actualmente, la Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración.
Por otro lado, el exmandatario es investigado en casos como el Caso Puente Tarata, donde se le acusa de liderar una organización criminal dentro de su gobierno para manipular contratos públicos. También se le imputa el haber realizado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas a cambio de sobornos, así como el uso indebido de aeronaves para viajes personales.