Luego de un largo silencio y la publicación de un hashtag al confirmarse el asesinato de 13 mineros en Pataz, región La Libertad, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció. En conferencia de prensa y en medio de la recolección de firmas para su eventual censura, se refirió a los motivos por los que desestimó las informaciones iniciales del secuestro de los trabajadores que, días después, fueron encontrados sin vida y con señales de tortura.
Sostuvo que “tal vez no supo ser claro”, pero que durante su intervención se concentró en descartar que las víctimas eran trabajadores de la minera Poderosa. “Dijimos que hemos tomado contacto directo con la compañía y ellos han descartado. Repito, la minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos. Esa era la información que nosotros teníamos y, por supuesto, tenemos cómo acreditarlo”, dijo, sin aclarar si en ese momento sabían que, aunque no eran trabajadores directos, brindaban servicios a un contratista vinculado a la empresa.
Asimismo, mencionó que, independiente a si son o no de la mina, les preocupa que la información sea cierta. “Tienen ustedes el audio, el video y de las transcripciones. Podrán comprobar que efectivamente eso fue lo que se dijo”, reiteró. No obstante, reconoció que al momento de sus declaraciones ya existía una primera denuncia sobre el caso, la cual se dio un día antes de su conferencia, pero que no tenían conocimiento de ello.
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“A las 22:43 de la noche del día 29, en Huamachuco, se presentó una denuncia verbal, pero de eso no teníamos información cuando dimos la conferencia de prensa. Se trataba de una noticia verbal que tampoco hablaba del secuestro como tal, ni de los 4 millones del rescate”, expresó.
Sobre las acciones, aseguró que, pese a que no sabían si la información era veraz, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Carlos Llerena Portal, dispuso las operaciones tácticas en la zona. Es decir, defendió que se adoptaron medidas, pese a que en la conferencia de prensa deslizó que el secuestro fuera real.
Detalló que el 30 de abril se dispuso el ingreso de las fuerzas de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) a la bocamina 25 20, pero los resultados fueron negativos. En los días siguientes, las operaciones continuaron en diversas bocaminas de la zona. El 1 de mayo, unidades de la Dipol Pataz y la Dinoes ingresaron a la bocamina Galindo, pero nuevamente sin éxito. Posteriormente, el 3 de mayo, equipos de la Bipol Pataz, Dinoes, SWAT, Rescate y Divincri Trujillo realizaron nuevas incursiones en las bocaminas de Galindo y Grover. Finalmente, el 4 de mayo, las autoridades intervinieron la bocamina donde se encontraron los cuerpos de los mineros desaparecidos.
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“Aun cuando inicialmente la noticia no era corroborada, confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas. Esto demuestra que ha habido actividad y disposición de las autoridades para la búsqueda de quienes hasta ese momento se encontraban en condición de desaparecidos", agregó.
Asimismo, aseguró que se están adoptando las necropsias de ley a fin de verificar la fecha exacta en la que se produjeron los decesos e insistió que asumen la responsabilidad que tienen como gobierno. “Es por eso que nosotros estamos aquí dando la cara, informando”.