Cuatro días antes de la masacre de 13 mineros en Pataz, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, negó la existencia de “información veraz” sobre el suceso y aseguró que, hasta entonces, el Gobierno no había recibido “ninguna denuncia” oficial.
El miércoles pasado, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un periodista consultó sobre los reportes que indicaban que se pedían hasta cuatro millones de soles a cambio de la libertad de los mineros.
Adrianzén minimizó la situación y respondió que había tomado contacto con representantes de la compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento peruano atacado por delincuentes, sin que le hayan corroborado los datos. “Ellos han descartado que los afectados sean trabajadores de su empresa, ya sea directamente de la mina o asociados a ella, mediante algún convenio”, indicó.
“Más allá de eso, si los secuestrados son o no empleados de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. No obstante, nuestros cuerpos de seguridad en Pataz no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz (...) No tenemos ninguna denuncia hasta el momento, pero confiamos en que, como resultado de las investigaciones, se demuestre que se trató de una falsa alarma”, agregó.
El premier también mencionó que el Ejecutivo había recibido “audios presuntamente relacionados con el secuestro”, pero insistió en que “hasta la fecha” no se había confirmado el hecho. Finalmente, agregó que las fuerzas de seguridad seguían operando en la zona, aunque reiteró que las autoridades no habían validado la información.
“Las patrullas del Ejército y la Policía Nacional están coordinando con las comisarías locales y patrullando las áreas críticas del distrito de Pataz. Hemos recibido información no oficial de terceros no identificados que refuerzan la idea de que este hecho no ocurrió. No podemos confirmarlo, pero negamos que los secuestrados sean trabajadores de la Poderosa”, concluyó.
Sin embargo, este domingo, la minera confirmó el asesinato de los 13 mineros secuestrados y expresó su pesar por las muertes, atribuidas a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. La compañía denunció que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en esta zona marcada por la violencia y la impunidad.
De igual modo, instó al Ejecutivo a revisar su estrategia contra la criminalidad y advirtió que no se podrá vencer a los delincuentes sin que la policía intervenga en las bocaminas ilegales, donde se esconden las bandas criminales.
— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) May 4, 2025
Los familiares de las víctimas, que habían denunciado su desaparición la semana pasada, confirmaron que los 13 trabajadores prestaban servicios de seguridad en la mina. Los cuerpos fueron hallados en un socavón del yacimiento, maniatados y con disparos en la cabeza y el cuello. “La Policía sabía esto. Les decíamos dónde se encontraban y nunca hacían caso”, denunció un deudo en la radio Exitosa.
La presidenta Dina Boluarte no ha emitido pronunciamientos hasta el momento, mientras que Adrianzén publicó un escueto mensaje en su cuenta de X, antes Twitter: “La minería ilegal asesina”. La congresista Susel Paredes señaló que es un “desastre de premier”, y el legislador Edward Málaga afirmó que “no hay razón objetiva para no censurarlo”.
Comunicado del Ministerio del Interior
A través de un comunicado, el Ministerio del Interior anunció el “despliegue inmediato” de equipos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, junto con las divisiones especializadas en Investigación de Secuestros y Extorsiones, e Investigación de Homicidios, para “ubicar y capturar a los responsables”.
“Expresamos nuestro más profundo pesar por estas irreparables pérdidas y reafirmamos nuestra firme decisión de erradicar esta lacra criminal. Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente. ¡Estas muertes no quedarán impunes!”, se lee en el mensaje.