Más de 19 toneladas de material explosivo fueron destruidas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), como resultado de una serie de operativos desplegados entre 2023 y 2024 en la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca.
Los explosivos habían sido incautados en cinco intervenciones ejecutadas en sectores previamente identificados como vulnerables por su vinculación con actividades mineras ilegales. Según el informe oficial, el cargamento no contaba con los permisos necesarios para su transporte ni almacenamiento, lo que motivó su decomiso.
El total incautado alcanzó los 19,329.56 kilogramos, en su mayoría dinamita de alto poder destructivo. El valor de este arsenal fue estimado en aproximadamente tres millones de soles.
Traslado con seguridad extrema
Tras su decomiso, el material fue almacenado temporalmente en polvorines autorizados de la región Cajamarca. Luego, en un operativo coordinado, fue trasladado hacia una zona segura de destrucción ubicada en Paita, región Piura, con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú.
El proceso de destrucción se llevó a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo, bajo estrictas medidas de seguridad. La zona fue proporcionada por el Ejército del Perú, que brindó apoyo logístico y técnico para garantizar un procedimiento controlado.
La operación fue dirigida por la Jefatura Zonal de Cajamarca de la Sucamec, en coordinación con la Zonal de Piura, la Dirección de Explosivos, la Dirección de Políticas y la Dirección de Control y Fiscalización de la misma entidad.
Participaron también especialistas del Ejército y la organización británica MAG Internacional, que aportó asesoría técnica en seguridad de materiales explosivos. La intervención cumplió con protocolos internacionales orientados a la reducción de riesgos en entornos de alto peligro.
Impactos de la minería ilegal
Los explosivos destruidos formaban parte del circuito que alimenta actividades ligadas a la minería ilegal, fenómeno que se ha expandido en varias regiones del país. Este tipo de actividades no solo escapa al control del Estado, sino que facilita el acceso de materiales peligrosos a grupos criminales, que los utilizan también en extorsiones, amenazas y enfrentamientos.
Según información oficial, los operativos no solo buscan reducir el suministro de estos insumos, sino también cortar el vínculo entre organizaciones delictivas y mercados ilegales que operan en zonas rurales y fronterizas.
Además del impacto en la seguridad, la minería ilegal tiene consecuencias en el medio ambiente, como la contaminación de ríos, suelos y ecosistemas, así como pérdidas fiscales para el Estado por evasión de tributos.
Nuevos operativos
La Sucamec informó que mantiene una coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y otras entidades del Estado para seguir ejecutando operativos de fiscalización en puntos críticos del país.
Además de explosivos, estas acciones incluyen el control de armas de fuego, municiones y productos pirotécnicos, cuyo uso sin autorización legal representa un riesgo para la seguridad pública.
En esta línea, se ha reforzado la inteligencia operativa y se viene articulando con gobiernos regionales y locales para cerrar brechas normativas que permiten que el comercio y el transporte ilegal de estos insumos persista.
Minería pierde US$30 millones al año
El sector minero en Perú, que consume cerca del 10 % de la energía del país, enfrenta problemas significativos debido al uso de motores eléctricos obsoletos e ineficientes. Según Osinergmin, esta situación genera pérdidas económicas y un alto impacto ambiental. Datos de la empresa tecnológica ABB revelan que estos equipos representan un costo anual de aproximadamente 30 millones de dólares, además de emitir más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año.