El asilo diplomático otorgado por Brasil a la exprimera dama peruana, Nadine Heredia, ha generado controversia tanto en Perú como en el Senado brasileño. Heredia enfrenta una condena de 15 años de cárcel por lavado de activos debido a los aportes ilegales de la constructora Odebrecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad del asilo, especialmente después del adelanto del fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
Es decir, se cuestiona si Brasil tenía la autoridad legal para conceder asilo diplomático a una persona condenada en Perú, y si la decisión fue influenciada más por factores políticos que por consideraciones jurídicas.
La decisión del gobierno peruano de otorgar el salvoconducto a Nadine Heredia ha generado interrogantes sobre si Perú estaba obligado a cumplir con la solicitud de Brasil. Aunque la Convención de Caracas de 1954 establece normas para el asilo diplomático, se cuestiona si el gobierno de Dina Boluarte tenía la opción de rechazar el pedido y no facilitar la salida del país de la exprimera dama.
Perú tuvo la obligación de otorgar salvoconducto
En entrevista con Infobae Perú, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, explicó que nuestro país estaba, en principio, obligado a entregar el salvoconducto a Nadine Heredia una vez que Brasil le había otorgado el asilo.
El excanciller explica que, la Convención de Caracas de 1954, a la que ambos países están suscritos, establece que, salvo en circunstancias excepcionales, las naciones deben respetar las decisiones de asilo tomadas por el país asilante.
“Es cierto que la señora Heredia contaba con una sentencia, lo que la convierte en una prófuga de la justicia y, técnicamente, en una delincuente. Sin embargo, el artículo tercero de la Convención de Caracas establece una excepción en su última parte del primer párrafo, indicando que esto no aplica si se trata de cuestiones de carácter político. Esta excepción, que otorga una prerrogativa a Brasil, se encuentra en el artículo 4.º, el cual establece de manera clara que la calificación corresponde al Estado solicitante, en este caso, Brasil”, manifestó.
Además, la constitución peruana señala que nuestro país debe respetar la decisión del país asilante pese al proceso y la condena contra la exprimera dama por el delito de lavado de activos.
“El artículo 37 de la Constitución Política del Perú establece de manera clara que el país no solo respeta el derecho de asilo, sino que también acepta la calificación de asilado otorgada por el Estado asilante, en este caso, Brasil. Por lo tanto, una vez producida la calificación de asilado, era de carácter obligatorio otorgar el salvoconducto de inmediato, conforme a lo dispuesto por la ley. Aunque para el Perú la señora Heredia pueda ser considerada una delincuente, para Brasil ella es una perseguida política, lo que justifica la obligación de cumplir con el proceso establecido”, agregó el excanciller.
Por su parte, Ramiro Escobar, internacionalista y profesor de la Universidad Católica del Perú (PUCP), en conversación nuestro medio, coincidió con el excanciller, y reafimó que los países asilantes tienen la potestad de decidir si una persona merece o no asilo político.
“La Convención de Caracas determina que es el país asilante el que decide dar el asilo y calificar la situación del solicitante. En este caso, Brasil no tenía que dar explicaciones, y Perú estaba obligado a respetar esa decisión. No había otra alternativa.”, indicó el especialista.
Consecuencias diplomáticas si no se otorgaba salvoconducto
Rodríguez Mackay advitió de las posibles consecuencias diplomáticas con Brasil en caso de que Perú se hubiera negado a entregar el salvoconducto. El excanciller explicó que en esa situación, el país hubiera dañado su imagen internacional.
“De no haber entregado el salvoconducto, lo más probable es que Perú hubiera sido señalado como un país que incumple las normas internacionales. Esto habría afectado gravemente nuestra credibilidad internacional, algo que ya se encuentra en una situación delicada”, expresó.
Además, menciona que el caso de Nadine Heredia no es un asunto de Estado, sino un tema judicializado, lo que significa que el Estado peruano no podría haber intervenido como si fuera un asunto de política exterior, ya que se trata de una cuestión de naturaleza jurisdiccional.
No obstante, en el escenario hipotético en el que no se hubiera entregado el salvoconducto a Nadie Heredia, Brasil pudo haber tomado acciones legales contra Perú.
“Lo más probable es que Brasil hubiera demandado al Perú ante la Corte Internacional de Justicia debido a la falta de entrega del salvoconducto, que es la consecuencia del otorgamiento de asilo. El gobierno de Brasil pudo haber considerado esta opción en ese caso hipotético. Sin embargo, también pudo haber decidido no involucrarse en este problema. Es tan relativo, expresó”
En ese sentido, Escobar considera que de no haber cumplido con dicha obligación, Perú hubiera enfrentado un “incidente diplomático” con Brasil, un país con el que mantiene una relación estrecha en diversas áreas. “Si Perú no le daba el salvoconducto, la situación se hubiera complicado, y esto generaría una crisis innecesaria (...) Dado que las relaciones con Brasil son muy importantes, la Cancillería obviamente intentó evitar esa situación”, mencionó.
En este contexto, señaló que las relaciones entre ambos países son clave en varias áreas, como el comercio, la defensa y la cooperación regional, como en el Tratado de Cooperación Amazónica. “No hay motivos para que Perú rompa relaciones con Brasil por un asunto como este”, agregó.
Precedente nefasto en la lucha contra la corrupción
Por otro lado, el exministro Rodríguez Mackay se refirió a cómo el asilo otorgado a Nadine Heredia podría sentar un precedente en el accionar de otros investigados por corrupción. En este sentido, señaló que los imputados podrían considerar a las embajadas o gobiernos extranjeros con los que tengan cercanía como refugios para evadir la justicia.
Para el especialista, genera preocupación el caso de Nadine Heredia, ya que habiendo sido juzgada y sentenciada, decidió ingresar a una embajada “con lo que parece haber sido un acuerdo previo“.
“Este caso genera una alerta y alarma, ya que podría sentar un mal precedente, ejemplificando a otros imputados que eventualmente podrían creer que el asilo es la llave maestra para vivir en impunidad. Sin embargo, todo dependerá del Estado al que intenten ingresar y si les otorgan o no la calidad de asilados. No obstante, este hecho ciertamente marca un precedente negativo para la lucha contra la corrupción”.
Cercanía de Nadine Heredia y el gobierno de Lula
Para Ramiro Escobar el actual gobierno brasileño tuvo cercanía con la gestión de Ollanta Humala, y ese vínculo aún se mantiene personalmente con expresidente y la ahora asilada ex primera dama.
“Obviamente, Nadine Heredia sabía que tenía que ir allí, ya que le iban a otorgar el asilo. Probablemente, ya lo había conversado antes. No se va a una embajada desconocida ni se tiene un vínculo sin razón“, señaló.
Además, para el internacionalista, al otorgar el asilo a Nadine Heredia, Brasil envía una señal política de su peso global, amparándose en la Convención de Caracas, que no obliga a proporcionar explicaciones.