El Congreso de la República viene discutiendo la situación de dos expresidentes y varios exministros, en un debate que reabrió viejas heridas institucionales. En el centro del debate estuvo el expresidente Francisco Sagasti, señalado por presuntas infracciones a la Constitución durante su corto periodo al mando del Ejecutivo en 2020. El punto de mayor controversia: la decisión de relevar del cargo a 19 altos mandos de la Policía Nacional del Perú tras las protestas que siguieron a la salida de Manuel Merino.
El expediente contra Sagasti volvió al pleno tras varios meses de deliberación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La acusación señalaba un presunto abuso de autoridad por la emisión de resoluciones supremas que provocaron el pase al retiro de generales y tenientes generales sin justificación técnica aparente. La medida, según sus críticos, vulneró los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución.
Sin embargo, sí se aprobó una resolución que autoriza el inicio de un proceso penal formal contra el expresidente Francisco Sagasti, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Pleno del Congreso rechaza inhabilitar a Rubén Vargas
Minutos después, el Pleno del Congreso aprobó, con 53 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, remitir a la Fiscalía de la Nación el expediente del caso para que evalúe la apertura de una investigación penal por el Ministerio Público. La figura legal invocada fue el presunto delito de abuso de autoridad, bajo el argumento de que los cambios promovidos por el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas, habrían transgredido las normas vigentes.
*Al exministro se le imputa responsabilidad en los cambios realizados en la Policía Nacional durante el periodo de gobierno de transición, tras la crisis política de noviembre de 2020.
Sin embargo, el Pleno rechazó la moción para inhabilitar políticamente a Vargas. Con 57 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, no se alcanzaron los 66 votos mínimos requeridos para aprobar la sanción que proponía inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública.
Evalúan denunciar penalmente al exministro José Elice
Al igual que al exministro Rubén Vargas, se le imputa a José Élice responsabilidad en los cambios realizados en la Policía Nacional durante el periodo de gobierno de transición, tras la crisis política de noviembre de 2020. El Congreso aprobó una resolución que autoriza el inicio de un proceso penal formal en su contra, en su condición de exministro del Interior, por presunta infracción constitucional. La votación obtuvo 63 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones.
La votación en el Congreso no alcanzó el número necesario para inhabilitarlo 10 años. Fueron 55 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.
Sagasti defiende legalidad de su gestión en designación de jefe policial
El expresidente Francisco Sagasti aseguró no haber cometido ninguna infracción constitucional ni legal durante su gestión, en relación con la designación del Director General de la Policía Nacional del Perú en 2020. En una carta dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reiteró sus argumentos legales y pidió que el Pleno desestime las acusaciones en su contra.
“He recibido notificación de que el 30 de abril el Congreso verá, en sesión del Pleno, la acusación constitucional que ha elevado la Comisión Permanente. Por motivos de fuerza mayor no podré asistir, pero reitero mis argumentos expresados anteriormente”, señaló el exmandatario.
El exmandatario sostuvo que su gobierno actuó conforme a la ley vigente, aplicando la figura de “renovación de cuadros de manera excepcional”, tal como lo permite el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149. “El 24 de noviembre de 2020 se dispuso el pase al retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, aplicando estrictamente las disposiciones constitucionales y legales”, precisó.
Además, citó pronunciamientos del Tribunal Constitucional que respaldan que “el pase a la situación de retiro es un acto de la administración que no tiene carácter ni efecto sancionatorio”, y que la renovación de cuadros “es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo”.
“Es de esperar que, tomando en cuenta las disposiciones legales vigentes, el Pleno del Congreso desestime las infracciones que se me imputan”, concluyó el expresidente.
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