Tras la fuga de un recluso que logró burlar todos los controles de seguridad del penal de Lurigancho, el viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, se presentó en el lugar y detalló que se han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del escape y determinar las responsabilidades. En una rueda de prensa, Alcántara explicó que, en el momento de la fuga, un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vio al recluso armado con un cuchillo, lo que generó temor por su integridad física.
Al ser cuestionado sobre la falta de armamento adecuado, Alcántara reconoció que el personal del INPE no estaba suficientemente equipado para enfrentar la situación, y solo contaba con un rifle de aire comprimido.
“Solamente en un torreón había una persona que tenía una escopeta que le llaman ‘cazapatos’ y que su efectividad es limitada. No es un arma mortal. Entonces se han efectuado disparos, pero aparentemente estos disparos pues no han tenido efecto”
El presidente del INPE, Javier Llaque Moya, también estuvo presente en el establecimiento y afirmó que este tipo de incidentes no volverán a ocurrir. “Hace ocho años que no ocurría un hecho similar”, comentó Llaque, refiriéndose a la última fuga registrada en 2017. El funcionario reconoció que el suceso revela fallas en los protocolos de seguridad del penal y aseguró que ya se están tomando las medidas correctivas necesarias.
Penal de Lurigancho: Un escape “de película” en una cárcel con hacinamiento del 200%
La fuga sucedió el lunes 21 de abril, alrededor de las 19:30 horas, cuando el interno John Kennedy Javier Sebastián, de 22 años, escapó del pabellón 10 durante el proceso de preencierro. El reo, quien cumplía una condena por el delito contra el patrimonio, burló los controles de seguridad escalando la malla perimétrica, cruzó el área conocida como “tierra de nadie” y trepó el muro perimétrico del penal. Durante su escape, el recluso gritaba arengas religiosas como “¡Aleluya, Cristo vive!”, un detalle que fue registrado por vecinos de la zona.
El INPE reaccionó de inmediato: ordenó la destitución del director del penal y el relevo del personal de seguridad involucrado en la vigilancia del módulo 10 en el momento de la fuga. Además, se activaron los protocolos de emergencia y se inició una investigación administrativa a través de la Oficina de Asuntos Internos para determinar las responsabilidades de los agentes de seguridad. La entidad también notificó al Ministerio Público para iniciar una investigación penal sobre el caso. A pesar de los operativos de búsqueda desplegados por el INPE y la Policía Nacional del Perú (PNP), el paradero de Sebastián sigue siendo desconocido.
El penal de Lurigancho, conocido por su alta población y la presión interna que genera un hacinamiento del 200%, enfrenta constantes desafíos operativos y logísticos para garantizar la seguridad. Aunque el INPE calificó este suceso como un hecho aislado, la situación ha puesto el foco sobre las condiciones de los penales en el país y la eficacia de sus protocolos de seguridad. La Oficina de Asuntos Internos ha asumido la investigación para establecer responsabilidades administrativas y disciplinarias.
Eduardo Salhuana considera urgente una reorganización del INPE tras fuga en Lurigancho
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su preocupación por los recientes incidentes ocurridos en los penales del país, señalando que es necesaria una reorganización total del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Durante su intervención en el Hall de Pasos Perdidos, Salhuana recordó que el INPE forma parte esencial del sistema de justicia y destacó que si la institución no funciona correctamente, las políticas contra la criminalidad no tendrán el impacto esperado.
El líder del Congreso señaló que la fuga ocurrida en el Penal de Lurigancho no es un caso aislado, mencionando también los problemas detectados en el Penal de Challapalca, como el uso de internet por parte de los internos. Además, destacó que el hacinamiento en los centros penitenciarios, que no ha sido abordado en más de 15 años, y los casos recurrentes de corrupción, requieren una atención urgente. Salhuana propuso que los presos de alta peligrosidad, como los que protagonizan fugas, sean enviados a penales de otros países, como El Salvador, para evitar nuevos incidentes.