Un testigo protegido que acusó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de pagar sobornos a jueces ha revelado una estrecha alianza política entre él y Gustavo Adrianzén, actual jefe del Gabinete Ministerial. La declaración, que forma parte de una investigación abierta el año pasado, señala que ambos políticos mantenían un “pacto” que vinculaba sus aspiraciones de poder.
Según ese testimonio, recogido el 27 de enero de este año y difundido este lunes por Perú21, el testigo participó en reuniones donde se discutieron planes políticos y ambiciones compartidas entre Santiváñez y Adrianzén, dos de los ministros más cercanos a la presidenta Dina Boluarte.
En estas reuniones, Santiváñez expresó que, si Adrianzén o alguno de los socios del estudio de abogados GNS “llegara al poder otra vez, impulsaría su sueño de ser Ministro del Interior”, a lo que el actual premier respondió afirmativamente, siempre de acuerdo con esa versión.
El estudio GNS Abogados (Guzmán Napuri & Santiváñez Abogados), fundado en 2019, tenía como socios a Santiváñez, Alfonso Garcés Manyari y Gustavo Adrianzén Olaya. El testigo indicó que los tres “tenían un pacto que discutían abiertamente en las reuniones”.
Añadió que, aunque el primer ministro actual premier estaba formalmente vinculado al estudio, no quería aparecer en la documentación oficial debido a sus aspiraciones políticas, pues ya había sido Ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala y quería “regresar al poder”.
Adrianzén fue nombrado como jefe del Gabinete en marzo de 2024, y dos meses después, Santiváñez asumió el cargo de Ministro del Interior. En sus declaraciones juradas, ninguno de los dos mencionó la alianza que tuvieron ni las razones por las cuales se rompió. Sin embargo, el testigo sugirió algunos motivos.
“Luego, a finales de diciembre de 2019 aproximadamente, existieron peleas entre Juan José Santiváñez Antunez y Alfonso Garces Manyari, comentándose dentro del estudio jurídico que habría sido porque Juan Jose Santivañez Antunez habría realizado un “mal movimiento” en el caso de la Interoceánica que obligó a que Alfonso Garces Manyari –a quien lo habían citado no recuerdo en estos momentos si como testigo o como imputado– destruya pruebas", dijo.
“Por tal motivo, es que se separan del estudio jurídico Alfonso Garces Manyari, Gustavo Adrianzén Olaya, Joel Segura Alania, Macarena Zare Chávez y Christian Guzmán Napuri, quienes formaron otro estudio “GNS Abogados” (siendo la “S” de Joel Segura Alania, y ya no en referencia de Juan Jose Santivañez Antunez)”, agregó.
Santiváñez enfrenta graves acusaciones derivadas de las declaraciones de este y otro testigo protegido, quienes lo han señalado de cobrar sobornos para manipular procesos. Según los testimonios, el titular del Interior exigió $60,000 para influir en jueces a través de la magistrada Enma Benavides. También habría recibido S/ 64,000 del general Héctor Javier Petit para evitar medidas judiciales en su contra por compras irregulares durante la pandemia.
Acusación
Cuarto Poder reveló que los pagos se realizaban en efectivo en su estudio. En junio de 2020, el general Petit entregó S/ 60,000 en presencia de su personal y en otro caso, un familiar del capitán Francisco Arévalo Quispe, acusado en el caso “Escuadrón de la Muerte”, pagó $60,000 para lograr su libertad. Santiváñez recibió el dinero en dos partes, pero no cumplió su promesa. Para justificarlo, según el informe, presentó pruebas falsificadas, incluido una captura adulterada de una casilla electrónica.
Los testigos protegidos, que también entregaron chats y documentos, indicaron que en varias llamadas telefónicas, el ministro pedía “favores” a jueces y fiscales a cambio de dinero. Las acusaciones apuntan a Yessenia De la Cruz, administradora de su estudio de abogados y presunta pareja sentimental, quien habría escondido su computadora e iPad para evitar que fueran incautados. El Gobierno, por su parte, ha desestimado las denuncias.