La inseguridad ciudadana es el principal problema que aqueja al Perú. Los fallidos intentos del gobierno de Dina Boluarte por detener la ola de asaltos, secuestros y asesinatos empuja a la ciudadanía a buscar soluciones drásticas y olvidan la importancia de la defensa de los derechos humanos. Así lo demuestra el más reciente informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
¿Estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas?, se le preguntó a 1207 encuestados. 55% dijo que estaría dispuesto a sacrificar los derechos humanos para atender la crisis de criminalidad. 39% se mostró en contra de la idea mientras que 5% dijo que no sabía qué responder o que no opinarían al respecto.
El apoyo a la aparición de un caudillo que combata la delincuencia sin importar que no respete los derechos de los ciudadanos se concentra en la zona rural del Perú. Sin embargo, tanto en Lima Metropolitana como en el resto del Perú urbano el apoyo supera el 50%. El mismo panorama se registró al dividir el país en las macrozonas norte (60%), sur (53%) y oriente (58%).
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62% de los hombres encuestados dijeron estar dispuestos a apoyar al controversial líder mientras que en el caso de las mujeres la cifra ascendió a 49%. El apoyo por edades se concentra en aquellos mayores de 40 años (58%) aunque en otros grupos etarios el resultado ronda el 50%. En el nivel socioeconómico A y B se registró 53% de aceptación, en el C 51% mientras que en el D y E 58%.
En conversación con Infobae Perú, la historiadora Carmen Mc Evoy advirtió que si la crisis política y social en el país se tornaba más complicada “la salida siempre ha sido la dictadura. Eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, el miedo del desorden social te lleva a los brazos del dictador y eso sería un terrible daño a la democracia. Estamos avanzando hacia ese camino”.
Protección ante la inseguridad
Más de la mitad de encuestados (54%) dijo haber tomado alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar. La lista la lideran la instalación de un sistema de seguridad como cámaras o alarmas, el reforzamiento de la seguridad de la vivienda o el barrio y la aplicación de medidas de prevención y organización familiar. Solo 4% de encuestados dijo haber buscado seguridad pública o privada.
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En comparación con la medición de marzo de 2019, se registra un notable aumento de diecisiete puntos porcentuales en el grupo de personas que afirmó haberse reunido con sus vecinos para tomar medidas preventivas contra la delincuencia. Este incremento es más significativo entre quienes residen fuera de Lima Metropolitana, las personas mayores de 40 años, aquellos pertenecientes al nivel socioeconómico D/E y las personas que han sido víctimas de delitos en los últimos doce meses.
La intención de adquirir un arma de fuego para protección aumentó del 47% al 52% en comparación con junio de 2023, siendo más prevalente entre los hombres. Por otro lado, el 45% manifestó no estar dispuesto a tener un arma, porcentaje que es mayor entre las mujeres y quienes no han sido víctimas de delincuencia en el último año.
El 36% de los encuestados expresó sentirse muy inseguro en su lugar de residencia, lo que representa una disminución de nueve puntos porcentuales en comparación con junio de 2023, cuando este indicador alcanzaba el 45%. Existe una notable diferencia en la percepción de inseguridad entre Lima y otras macrozonas. Esta percepción es más elevada entre las mujeres en comparación con los hombres y también entre quienes han sido víctimas de algún acto delictivo en los últimos doce meses.
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