El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, otorgó a catorce municipalidades, trece de ellas declaradas en emergencia, un plazo menor a siete días para ejecutar un presupuesto de S/21 millones destinado a reforzar la seguridad ciudadana, informó 24 Horas. De no cumplirse con el uso de los fondos en este tiempo reducido, según el noticiero, los municipios deberán devolver el dinero al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La situación generó inquietud entre las autoridades locales, que enfrentan la presión de gastar los recursos en un contexto marcado por feriados de Navidad y Año Nuevo y falta de disponibilidad de proveedores, lo que limita la efectividad de las medidas de emergencia contra la criminalidad y el crimen organizado.
En el caso de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más afectados por la inseguridad, el Ejecutivo transfirió S/1,9 millones. No obstante, las autoridades del distrito consideraron que el tiempo para ejecutar el presupuesto “es insuficiente”.
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), San Juan de Lurigancho registra el mayor número de denuncias por criminalidad en el segundo trimestre del 2024, mientras que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) lo ubica como el distrito con la mayor cantidad de homicidios durante el estado de emergencia.
“Solamente tenemos cuatro días útiles de la última semana del año. Es totalmente insuficiente. Vamos a hacer el esfuerzo por ejecutarlo, pero hubiera sido más efectivo coordinar con la Policía Nacional para determinar sus necesidades. Por ejemplo, los chalecos antibalas, que son urgentes, podrían no estar disponibles en el mercado local en la cantidad requerida”, señaló Jesús Maldonado, alcalde de Juan de Lurigancho.
Una problemática similar afecta al distrito de Independencia, que deberá invertir el presupuesto en la adquisición de implementos menores, como uniformes para el serenazgo. Sin embargo, las autoridades consideraron que esta medida no constituye una solución real a la crisis de inseguridad.
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En este sentido, el alcalde de esa jurisficción destacó que su distrito requeriría un presupuesto cercano a los S/20 millones para contar con las herramientas necesarias y enfrentar adecuadamente la delincuencia.
Respuesta insuficiente
Por su parte, vecinos de los distritos en estado de emergencia denunciaron que los problemas de inseguridad persisten y que la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente.
Una residente de Comas relató cómo un joven fue brutalmente asaltado y golpeado recientemente. “Llamamos a la Policía, pero no hicieron nada. Estamos en estado de emergencia, pero parece que eso no cambia nada”, lamentó.
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La situación también puso en evidencia las limitaciones recurrentes en la gestión del presupuesto asignado por el Gobierno.
En San Martín de Porres, donde el estado de emergencia fue declarado en septiembre del año pasado, el Ejecutivo recién transfirió los recursos en noviembre, lo que impidió la adquisición de nuevos patrulleros debido a los plazos reducidos. Ante esta experiencia, el alcalde del distrito decidió rechazar la reciente entrega de presupuesto, para evitar dificultades similares.
Plazos cortos
El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, reconoció igualmente las complicaciones derivadas de estos plazos acotados. Su administración optará por realizar compras inmediatas y dejará la contratación de servicios para el 2025.
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De acuerdo con De la Rosa, en el Rímac se están contratando cerca de 400 agentes de serenazgo para reforzar la vigilancia en las calles, aunque esta medida tiene un efecto más disuasivo que preventivo. “Necesitamos serenos en cada esquina, pero los recursos son limitados. El presupuesto para el próximo año permitirá sostener el servicio, pero no cubre todas las necesidades”, agregó.
Mientras los municipios luchan contra el tiempo para ejecutar los presupuestos asignados, la ciudadanía sigue siendo víctima de asaltos, sicariatos y extorsiones. Los expertos aseguran que la falta de recursos adecuados y de planificación efectiva en el combate a la inseguridad mantiene a los distritos más vulnerables en una situación crítica, mientras las bandas delictivas continúan operando con impunidad.