El Papa Francisco recibe a periodistas que destaparon abusos en el Sodalicio y reitera su apoyo

El Papa Francisco se reunió este lunes 9 de diciembre con Paola Ugaz, Pedro Salinas y la estadounidense Elise Ann Allen, periodistas que publicaron denuncias de abusos físicos, sexuales, psicológicos y presuntos delitos financieros atribuidos al grupo religioso peruano Sodalicio de Vida Cristiana (SCV).

Según el testimonio de los propios periodistas, durante la audiencia en el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice reiteró su apoyo a las víctimas que denuncian los abusos perpetrados durante décadas por miembros del SVC. “El Papa nos ha pedido que públicamente digamos que él apoya las misiones (de investigación) y que todo continúa sobre el cierre del Sodalicio”, afirmó Ugaz a la agencia AP.

La periodista estadounidense Elise Ann Allen afirmó que, durante la reunión del 9 de diciembre, el Papa Francisco expresó: «Pueden usar esta reunión para decir públicamente que apoyo plenamente la Misión Especial y no a ellos [Giuliana Caccia y Sebastián Blanco]».

Testimonios contradictorios

La declaración del Sumo Pontífice contradice la postura de Sebastián Blanco y Giuliana Caccia, quienes denunciaron ante el Ministerio Público a monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, integrantes de la Misión Especial del Vaticano enviada para investigar los abusos en el Sodalicio.

En julio de 2023, Blanco y Caccia, conocidos por su defensa de la reputación del SVC, denunciaron haber sido víctimas de ataques virtuales por parte de exsodálites. Asimismo, en septiembre de este año, informaron que tras presentar denuncias contra los enviados papales, enfrentaron un proceso de excomunión. Sin embargo, aseguraron en un video de YouTube que la Santa Sede se habría retractado y anulado la excomunión luego de un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano.

Sobre las acciones de Caccia y Blanco, el periodista y activista José Escardó señaló que Caccia “sigue siendo una operadora del Sodalicio” y afirmó que “las organizaciones que dirige dependen de la secta desde hace años”.

Denuncias de abuso, encubrimiento y persecución

Fundado en 1971 con fines evangelizadores, el Sodalicio de Vida Cristiana ha sido objeto de denuncias desde mediados de la década de 2010. Su fundador, Luis Fernando Figari, enfrenta acusaciones de abuso sexual, lesiones graves, secuestro y asociación ilícita. En agosto de este año, la Santa Sede lo expulsó tras una investigación que concluyó con “certezas adquiridas” las acusaciones de abuso sexual infantil, ordenándole vivir aislado al sur de Italia. Desde entonces, 14 miembros adicionales han sido expulsados de la organización por crímenes sexuales, algunos contra menores.

Las denuncias de abusos ganaron visibilidad tras la publicación en 2015 del libro Mitad monjes, mitad soldados: todo lo que el Sodalicio no quiere que sepas, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que recogió 30 testimonios de abusos cometidos durante casi tres décadas dentro de la organización.

Este libro fue el detonante de una intervención del Vaticano, que desde el 2015 tomó medidas disciplinarias para separar a líderes vinculados con el escándalo. No obstante, la comunidad continúa operando con influencia en escuelas, centros de retiro y organizaciones religiosas en países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Italia y Estados Unidos.

En cambio, el pasado 8 de noviembre, los periodistas que destaparon los abusos denuncian en una conferencia de prensa haber sido objeto de múltiples represalias por sus investigaciones, como acoso en redes sociales y denuncias legales. Por ejemplo, Pedro Salinas fue denunciado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada y enfrenta una pena de hasta 7 años de cárcel.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su preocupación ante este proceso judicial, sugiriendo que podría tratarse de un acto de venganza. Según el IPYS, la acusación surgió tras una denuncia realizada por un individuo vinculado al Sodalicio. Por ello, la institución instó al juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, a analizar minuciosamente los fundamentos de la acusación contra Salinas.

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