El 83 % de peruanos aprueba que los menores de 16 y 17 años sean sancionados como adultos si cometen delitos graves, como extorsión, sicariato y secuestro. Según la última encuesta de CPI, una amplia mayoría está a favor con la ley que recientemente aprobó el Congreso, en el marco de un paquete de medidas legislativas en materia de seguridad ciudadana.
Debido a los recientes casos de menores implicados en hechos delictivos, como el asesinato de un escolar a manos de un adolescente de 16 años en Trujillo, se puso en la palestra la discusión sobre si los menores de edad deben o no ser juzgados como adultos y cumplir penas de cárcel efectiva en lugar de medidas correctivas.
Desde el Parlamento, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, compartió la encuesta de CPI y saludó el respaldo que obtuvo su proyecto. “¡La voz del Perú es contundente!”, escribe emocionado y se comprometió a lograr que la ley sea promulgada.
Como se recuerda, el dictamen de la Comisión de Justicia se aprobó en el Pleno, el último 7 de noviembre, con 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones, pero los parlamentarios, Flor Pablo (No agrupada), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo) y Víctor Flores (Fuerza Popular) presentaron una reconsideración, que hasta la fecha está pendiente de votación.
Consecuencias
Beatriz Gamarra, oficial de Protección de UNICEF Perú, se pronunció sobre las posibles repercusiones internacionales que enfrentaría el país si la iniciativa del Congreso es aprobada y el gobierno de Dina Boluarte decide no observarla, como suele ocurrir.
La funcionaria señaló que hay un organismo que se encarga de supervisar el cumplimiento de lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y en el aniversario número 35 de este tratado, Perú está siendo evaluado en los avances que ha tenido en la protección a los menores.
Gamarra destacó que si la norma se aprueba, la Comisión le llamaría la atención al Estado peruano, pero en caso el gobierno y los parlamentarios decidan hacer oídos sordos y no retrocedan, como ocurrió con la Ley de Amnistía, los jueces deben decidir si la aplican o no.
“Desde Unicef estamos trabajando para poder revertir la situación. No. Pero, los jueces, al igual que otras normas, que son inconstitucionales o anticonvención, los jueces pueden apartarse de su cumplimiento aplicando el control difuso”, agregó.
La CDN prohíbe la creación de tipos penales diferenciados para adolescentes y adultos. Los delitos deben ser los mismos para ambos grupos, pero el tratamiento sancionador debe respetar las garantías y derechos específicos de los menores de edad. Esto implica que los adolescentes deben ser juzgados bajo sistemas especializados que tomen en cuenta su capacidad de reinserción social y su menor grado de madurez psicológica.
Por otra parte, Alejandro Morlachetti, especialista en protección de UNICEF Argentina, recordó que la Convención de Derechos del Niño es un tratado internacional y tiene carácter vinculante, es decir, que debe cumplirse y no se pueden promulgar normas que los contradigan.