La inseguridad ciudadana continúa siendo el tema que más afecta a los peruanos y peruanas. Durante los últimos meses ha sido cada vez más evidente el impacto que distintas organizaciones criminales tienen sobre grandes y pequeños empresarios así como los ciudadanos de a pie que son víctimas de robos y asaltos durante su tránsito por las calles. La sensación de inseguridad ha llegado al 87% de los ciudadanos, según la más reciente encuesta de Datum Internacional.
En Lima y Callao, ciudades donde algunos de sus distritos han sido declarados en estado de emergencia, 94% dice sentirse inseguro. El sentir se justifica con la confirmación por parte del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) de que en lo que va del año ya se ha superado la cifra de homicidios del 2023. Asimismo, se espera que pronto el 2024 se convierta en el año en el que se registró la mayor cantidad de asesinados de los últimos ocho años.
El estudio revela que 87% de los peruanos y peruanas afirman que se sienten inseguros en las calles de sus respectivas ciudades y solo un 13% dice no sentirse vulnerable. Cabe resaltar que, a pesar de que los principales esfuerzos del gobierno en materia de seguridad ciudadana están ahora concentrados en la capital, la publicación de Datum tiene en cuenta a todos las regiones del país.
La mitad del Perú (50%) afirma que ellos o sus familiares han sido víctima de la inseguridad ciudadana en los últimos tres meses. A la alarmante cifra se suma los altos niveles de desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia y seguridad. Al ser consultados por los principales responsables de la crisis de inseguridad, el 44% de encuestados señaló a la presidencia de la República y otro 40% al Congreso. Los jueces y fiscales son señalados por el 31% de consultados mientras que la PNP y los alcaldes representan al 9% y 4% respectivamente.
A mediados de septiembre de este año, ocho de cada diez peruanos dijeron no sentirse seguros al salir de casa. En la región Lima, por su parte, el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que en las regiones del interior del país el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %.El Barómetro de seguridad también informó que el 28% de ciudadanos no se siente seguro ni siquiera dentro de sus hogares.
Sin rumbo definido
El gobierno de Dina Boluarte ha decretado estado de emergencia en más de una docena de distritos de Lima y Callao; sin embargo, los ciudadanos siguen siendo víctimas del crimen organizado. Los gremios afectados por las extorsiones han dispuesto un plazo para que el Ejecutivo y el Congreso tomen medidas que detengan la ola delincuencial. En caso los resultados no lleguen a ser visibles, transportistas, bodegueros y comerciantes paralizarán sus actividades.
La presidenta de la República y un importante número de congresistas insisten en llamar terrorismo urbano a la ola delincuencial. Si bien el término pretende reconocer la dimensión del problema, la aprobación de los proyectos de ley que vienen circulando no serían de gran ayuda para el fomento de la tranquilidad en el país. Otros han calificado de populista la medida y reclaman acciones concretas de parte de las autoridades.
La crisis de inseguridad ciudadana se ha intensificado por el cuestionado accionar del ministro del Interior Juan José Santiváñez. El titular del Mininter guarda silencio desde que se confirmara que la detención de Iván Quispe Palomino no correspondía al segundo al mando de Sendero Luminoso. El hermano del terrorista ya se encuentra en libertad. Tras el escándalo, la familia del afectado anunció que tomará medidas legales contra el ministro de Boluarte y piden su inmediata salida del cargo.
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