En 2023, el 28,7% de las mujeres de 14 años y más en Perú no contaba con ingresos propios, lo que representa una proporción 1,2 veces mayor en comparación con los hombres, cuyo porcentaje es del 13%. Estas cifras son aún más alarmantes en el área rural, donde el 38,9% de las ciudadanas carece de autonomía económica, en contraste con el 12,9% de los hombres, según datos del informe ‘Feminicidio y violencia contra la mujer 2015 - 2023′, último documento del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este indicador refleja no solo las dificultades que enfrenta la población femenina para acceder a ingresos mediante actividades remuneradas, sino también las barreras para adquirir propiedades o créditos, entre otros aspectos.
Mujeres sin ingresos propios en el Perú
Sin embargo, el informe del INEI precisó que el dato sobre mujeres sin ingresos propios no necesariamente refleja la calidad de vida de las personas, ya que —en muchos casos— quienes perciben ingresos laborales viven cerca del umbral de la pobreza, lo que demuestra su vulnerabilidad. Este fenómeno subraya la necesidad de políticas de desarrollo y distribución más equitativas.
Las personas sin autonomía económica experimentan un impacto notable en el aumento de la pobreza individual. Quienes cuentan con ella, por el contrario, suelen tener mayor poder de decisión sobre el destino de su dinero y una mejor capacidad para enfrentar cambios en la estructura familiar de origen.
En todos los departamentos de Perú, la proporción de mujeres sin ingresos propios supera siempre la de los hombres. Loreto se destaca con un 37,3%, cifra que es 1,3 veces superior a la de los hombres en esa región.
Mujeres y trabajo: brecha de género persiste
Por regiones naturales, en 2023, la selva registró la mayor proporción de mujeres sin ingresos propios con un 32,8%, seguida por la sierra con 30,6% y la costa con 26,9%.
La brecha de género es particularmente significativa entre los adultos mayores: el 30,6% de las mujeres de 60 años o más no tienen ingresos propios, en comparación con el 13,5% de los hombres en el mismo grupo etario. Para los adultos entre 50 y 59 años, el 29,4% de las féminas y el 8,8% de los hombres están en la misma situación.
En cuanto a las ciudadanas que trabajan, en 2023, el 62,6% de las de entre 15 y 49 años manifestó estar actualmente empleada. Sin embargo, un 11,2% indicó que no había trabajado en los últimos siete días, aunque sí lo había hecho en los últimos 12 meses. Además, la proporción entre las de 15 a 49 años que no trabajó en los últimos 12 meses descendió al 26,2%, el nivel más bajo del período analizado.
Por ocupación, el 36,6% de las mujeres de 15 a 49 años trabajaron principalmente en ventas y servicios, un 21% se desempeñaron como profesionales, técnicos o gerentes, el 14,6% en agricultura y el 13,2% en servicio doméstico.
Violencia contra la mujer en Perú
Lima Metropolitana se posiciona como la provincia con el mayor número de feminicidios acumulados desde 2015, con un total de 283 casos hasta la fecha, según reveló el INEI. Este dato destaca la grave dimensión del problema y subraya la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas para frenar esta violencia de género.
El informe define a este delito como el asesinato de mujeres debido a su condición de tal, en un contexto de violencia familiar, coacción, acoso sexual, abuso de poder y cualquier otra relación de autoridad o discriminación ejercida por el agresor.
También detalla que —en 2023— los departamentos con las tasas más altas de feminicidio por cada 100 mil mujeres fueron Huancavelica (2,9), Arequipa (2,5), Junín (2,3), Huánuco (2,2) y Pasco (1,5), por lo que la media nacional se mide en 0,9.
Particularmente, Junín y Arequipa han presentado incrementos notables en sus índices de feminicidio, con 12 y 9 casos, respectivamente, en el último periodo, lo cual resalta la necesidad de enfoques específicos y localizados para abordar eficazmente este problema en esas regiones.
Además de señalar las tasas más altas por región, el informe del INEI destaca que, a nivel nacional, el 51,8% de los casos de feminicidio se concentraron en 26 provincias, lo que demanda políticas públicas focalizadas y efectivos programas de intervención.