Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana instó a las autoridades, entidades y a la sociedad civil a ceñirse a la Constitución para buscar la anulación de la ley que regula los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, recientemente promulgada por el Congreso de la República.
Como se sabe, la Ley 32107 establece que ningún hecho que sucedió antes de julio de 2002 puede ser juzgado bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.
A través de un comunicado, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana señaló que es esencial que dicha norma sea declarada nula para garantizar que las víctimas de cualquier crimen o asesinato en el país puedan acceder a la justicia y a la reparación correspondiente.
En su opinión, la protección de los derechos humanos, la justicia y la legalidad son principios fundamentales que deben ser defendidos con firmeza y sin concesiones. Por ello, hicieron un llamado a los creadores de la norma para que se rectifiquen lo más pronto posible por el bienestar del país.
Además, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana advirtió que la ley promulgada por el Legislativo replica el texto legal de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097 de 2010, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2011.
Señalaron que su contenido va en contra de los principios de justicia que los peruanos y peruanas deben de defender, sobre todo si daña a personas que no tienen herramientas para hacerlo.
ANFASEP, una organización establecida en 1983, también se manifestó en contra de la mencionada norma. Se trata de una organización que ha trabajado de manera incansable para exponer los crímenes cometidos durante uno de los períodos más oscuros en la historia reciente de Perú. La asociación opina que esta nueva ley fomenta la impunidad y mantiene un ciclo de violencia y olvido que ha provocado un gran daño en la sociedad peruana.
En un llamamiento urgente, ANFASEP ha exhortado a los jueces y fiscales del país a no aplicar esta ley, argumentando que deben mantener su independencia y su deber moral de proteger los derechos fundamentales y la dignidad humana. Para la organización, no aplicar esta ley sería un acto de justicia y resistencia contra un retroceso que amenaza con anular los progresos alcanzados en la lucha contra la impunidad.
Reafirmaron su compromiso con las víctimas y sus familias. En ese sentido, manifestaron que continuará su lucha por la justicia y la verdad, asegurando que no permitirán que esta normativa obstaculice sus esfuerzos por un Perú donde se respeten los derechos humanos y se conserve la memoria histórica. Subrayan la necesidad de que tanto el Estado peruano como la comunidad internacional actúen para asegurar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que las víctimas reciban la justicia que merecen.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha instado a las autoridades peruanas a reconsiderar la ley y a garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra puedan ser juzgados y sancionados adecuadamente.